La memoria 'entierra' a Garzón

«Garzón debería tener cuidado con este asunto, porque la leyes de amnistía eximen a los autores de los hechos y si busca alguna artimaña para poner en marcha una causa estaría rozando la prevaricación». Diciembre de 2006. La premonitoria advertencia no venía del colectivo de enemigos que en sus 22 años de profesión se ha granjeado Baltasar Garzón. Procedía de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que ya al comienzo del proceso que ha colocado al magistrado al borde del banquillo alertaba en privado de las consecuencias de abrir una investigación por los crímenes de la Guerra Civil y el franquismo.

Todo empezó cuando cinco asociaciones que reivindicaban la memoria histórica presentaron en la Audiencia Nacional denuncias por desapariciones durante la Guerra Civil y la dictadura. Las demandas llegaron a la mesa de Garzón un 14 de diciembre de 2006. Ese día estaba de guardia. El juez las envió al Decanato, que procedió a su reparto a través de un programa informático «aleatorio y equitativo», en palabras del decano, Santiago Pedraz. En el sorteo salió Garzón.

Cinco días después el magistrado abrió una investigación preliminar para indagar las denuncias. Durante el año siguiente ratificó mediante providencias la presentación de nuevas demandas. Provenían de otras asociaciones y de particulares. Llegaron a superar la veintena. Los colectivos justificaban que la vía penal era el camino más corto para desenterrar a las víctimas, pues la otra vía, la administrativa -detallada en la Ley de la Memoria Histórica- aún no había entrado en vigor.

La bola mediática crecía sin mesura y la Fiscalía no tardó en frenar en seco el atrevimiento de Garzón. En una dura respuesta, dejó claro que el juez no era competente para investigar las denuncias que incluyeran la calificación de delitos contra la humanidad. Y, además, avanzó el camino que el instructor acabaría por tomar en noviembre de 2008, cuando decidió inhibirse de la causa: «Las denuncias por detenciones ilegales son delitos comunes que deben ser investigados en los juzgados donde se cometieron los hechos», escribió en febrero de 2008 el fiscal jefe Javier Zaragoza.

Inflexión

Garzón hizo oídos sordos y siguió con las diligencias sin resolver sobre su competencia. Ordenó a distintas instituciones y archivos el envío de listado de desaparecidos entre 1936 y 1939, «recabando para sí» el control de las exhumaciones que pudieran estar practicándose, según rebatió dos años después la Sala de lo Penal del Supremo para justificar la admisión de la querella de Manos Limpias por presunta prevaricación.

Pero si hay un momento clave en la caída del magistrado fue el 16 de octubre de 2008. Pese a las presiones políticas y judiciales para que dejara la investigación, Garzón declaró la competencia de la Audiencia Nacional por tratarse de crímenes contra la humanidad. Ordenó la exhumación de las fosas ya identificadas, entre ellas la de Federico García Lorca, y salvó los escollos legales implicando a altos cargos de la dictadura, entre ellos Franco, con el argumento de que el delito de detención ilegal no prescribe pese a las leyes de amnistía y por no haberse hallado el paradero de más de 114.000 desaparecidos.

Al estar todos los acusados fallecidos, el juez anticipó en el auto la extinción de su responsabilidad penal, lo que presuponía que el caso pasaría a los juzgados provinciales. De todos modos, la Fiscalía recriminó al juez la vulneración de la competencia. Y el 18 de noviembre, Garzón, finalmente, se inhibió al declarar que los autores de los delitos habían muerto. La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional revisó poco después sus resoluciones y concluyó que el instructor hizo lo que debía.

Tras soltar el sumario, los querellantes se frotaron las manos. El pseudosindicato Manos Limpias registró una querella en el Supremo en la que acusaba al juez de prevaricar -dictar resoluciones arbitrarias o ilegales a sabiendas-. Pese a que la Fiscalía del alto tribunal solicitó su archivo, la Sala de lo Penal, «sin valorar ni prejuzgar lo sucedido», entendió que la hipótesis de que Garzón prevaricara no era «ni absurda ni irracional». Por tanto, imputó al juez y decidió investigarlo.

El magistrado Luciano Varela se hizo cargo de la instrucción y llamó a declarar a Garzón el pasado septiembre. Mientras la Fiscalía reiteró, sin éxito, la petición de archivo de la causa hasta en tres ocasiones, la Sala de lo Penal admitió la personación de otros dos querellantes: la asociación Libertad e Identidad y Falange Española de las JONS, que denunció al juez por menoscabar el honor de dirigentes fascistas de la época.

El 4 de febrero y tras ocho meses de proceso, Varela consideró que había indicios suficientes para procesar a Garzón, pero se lavó las manos y dejó la decisión final a la Sala de lo Penal. Garzón contraatacó con un recurso en el que tachaba de «insostenibles» las acusaciones y pidió a la Sala que admitiera nuevas pruebas testificales para probar su inocencia. Pero el Consejo General del Poder Judicial no esperó e inició los trámites para la suspensión cautelar del juez ante su previsible procesamiento. Se estaba a punto de consumar el «peor golpe desde el 23-F», según los juristas que firmaron esta semana un manifiesto a favor del casi procesado.

El instructor ha colocado a Garzón al borde del banquillo al ver indicios de que prevaricó.

El magistrado del Supremo presidió la Sala que admitió la querella de Manos Limpias.

Secretario general del pseudosindicato que lidera la batalla en los tribunales.

Forma parte de la comisión del CGPJ que ha comenzado los trámites para suspender al juez.

Se opuso a que se abriera la causa y ahora el juez le ha pedido que apoye su inocencia.