Díaz Ferrán pide que el despido improcedente cueste entre 20 y 22 días

El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Gerardo Díaz Ferrán, pidió ayer un despido improcedente que cueste entre 20 y 22 días, que «dé confianza» a las pequeñas y medianas empresas y anime a la contratación. A su juicio, «es insuficiente» el abaratamiento que supone pasar de la indemnización de 45 días de la modalidad indefinida ordinaria al coste de 33 días por año de servicio que conlleva el contrato de fomento del empleo, creado en 1997 para impulsar la colocación de los colectivos con más problemas. Posteriormente, su utilización se ha ampliado. En la actualidad sólo quedan fuera los varones de 30 a 45 años de edad.

La intervención de Díaz Ferrán tuvo lugar ante los micrófonos de la Cadena Ser. El patrón de patronos se mostró satisfecho de cómo transcurren los primeros contactos entre Gobierno, empresarios y sindicatos para abordar la reforma laboral. De seguir así, se alcanzará un «acuerdo inteligente», si bien reconoció que para crear empleos no basta el anhelado cambio del mercado de trabajo. Es necesario que la economía se reactive, resaltó.

Para Díaz Ferrán el principal problema de las empresas, en este momento, es la falta de liquidez, carencia que solo se resolverá si el Instituto de Crédito Oficial (ICO) otorga préstamos directamente a los pequeños y medianos negocios. El vehículo adecuado para la concesión serían las consejerías de las comunidades autónomas, según apuntó el presidente de CEOE.

Sin protestas «superiores»

En paralelo a las declaraciones de Díaz Ferrán, los líderes de CC OO y UGT, Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez, presentaron su calendario de movilizaciones e hicieron hincapié en que el Gobierno tiene que retirar su propuesta de retrasar la jubilación a los 67 años. Amenazaron que de lo contrario las protestas continuarán.

Los dos sindicalistas tuvieron sumo cuidado en dejar claro que no apostaban por la huelga general. «Las movilizaciones convocadas (asambleas, concentraciones y manifestaciones en las principales ciudades) son justificadas, proporcionadas y masivas», según el secretario general ugetista. Toxo negó que existan sectores productivos que pidan protestas «superiores». «La sociedad valora que seamos capaces de llegar a acuerdos con los empresarios y responsables en la defensa de la protección social», dijo.

Las manifestaciones comenzarán el 22 de febrero y terminarán el 6 de marzo en las ciudades más importantes. Las marchas en Madrid, Barcelona y Valencia están convocadas para el martes 23. «Espero que el Gobierno atienda lo que confío sea un clamor en la calle, dé un pasito atrás y enmiende su propuesta. El 80% de la población consultada rechaza el retraso de la jubilación», añadió Toxo.

CC OO y UGT distribuirán folletos «en defensa de las pensiones», con el lema 'No al retraso de la jubilación'. Ambos sindicatos demandan impulsar la jubilación flexible, mejorar la financiación del sistema de pensiones, continuar con la subida de las prestaciones mínimas, fomentar la permanencia de los trabajadores de más edad en el mercado de trabajo y ampliar la protección a los mayores de 50 años.