El Supremo ratifica la condena de cárcel a Roca por el 'caso Saqueo'

La sentencia ya es firme. El Tribunal Supremo ha confirmado la condena de seis años y diez meses de prisión para el ex asesor urbanístico Juan Antonio Roca por el 'caso Saqueo', en relación con el desvío de cerca de 24 millones de euros del Consistorio entre 1991 y 1995, durante el primer mandato del Grupo Independiente Liberal (GIL) en el Ayuntamiento de Marbella. El Alto Tribunal ha rechazado los recursos de las defensas a la resolución dictada por la Audiencia Nacional hace un año, en la que condenaba además al abogado José Luis Sierra y al contable Manuel Jorge Castel a nueve y ocho años de cárcel, respectivamente.

La sentencia del Supremo supone un auténtico varapalo a las aspiraciones de Roca de salir en libertad. A finales de marzo se cumplirán cuatro años desde que ingresó en la cárcel por el 'caso Malaya', plazo máximo que estipula la ley para la prisión preventiva, por lo que el ex asesor urbanístico podría haber sido excarcelado en apenas unas semanas de no existir una condena firme. Su puesta en libertad tendría lugar además poco tiempo antes del inicio de la celebración del juicio por 'Malaya', previsto para este año. La decisión del Alto Tribunal echa por tierra esa posibilidad.

En la resolución, a la que ha tenido acceso este periódico, el Tribunal Supremo desestima la demanda de las defensas, que solicitaban la absolución de sus clientes por falta de pruebas. Roca, Sierra y Castel fueron condenados a penas de prisión y al pago de una indeminización de cerca de 23 millones de euros por los delitos continuados de malversación de caudales públicos y falsedad documental, al considerar acreditado la Audiencia Nacional que desarrollaron un sistema de sociedades municipales que se nutrían de dinero público transferido por el Ayuntamiento, partidas que en ocasiones no se destinaban a usos de interés general.

Para dar cobertura a la distracción de fondos públicos, los condenados «pusieron en práctica una serie de actividades encaminadas a crear una apariencia contable de gastos con objeto de justificar la utilización de las cantidades retraídas». Roca se encontraba al frente de una de las sociedades municipales, Planeamiento 2000, y «no era uno más» en la trama, según establece el Supremo. En su resolución, el Alto Tribunal rechaza el argumento de la defensa del ex asesor urbanístico sobre su escasa implicación en los hechos, dado que la empresa municipal de la que era responsable sólo habría dejado de justificar algo más de 42.000 euros y Roca no controlaba las cuentas ni la contabilidad de las sociedades. Para el Supremo, el papel del condenado «iba más allá de la condición de gerente nomial». Roca «tuvo conocimiento» de que por medio de empresas privadas, en algunas de las cuales él disponía la totalidad de las acciones, «se iba a iniciar un proceso de facturación irreal, pero que iba a dar cobertura a un desapoderamiento de las arcas municipales próximo a los 4.000 millones de pesetas».