El Gobierno niega que 'enfriara' la investigación sobre el chivatazo

«El ministro del Interior se esconde, pero tarde o temprano tendrá que venir al Congreso y deberá responder no a una, sino muchas preguntas sobre el chivatazo a ETA». Soraya Sáenz de Santamaría avisó así al ministro Alfredo Pérez Rubalcaba de que no se va a ir de rositas en el caso de la delación al aparato de extorsión de los terroristas que impidió una redada en mayo de 2006. El titular de Interior no acudió ayer al Congreso para responder las preguntas del grupo opositor porque tenía que comparecer en el Parlamento de Estrasburgo, una ausencia de la que informó con antelación. El PP, sin embargo, no bajó el listón en su demanda de información oficial sobre la posible participación del Gobierno en el aviso que recibió Joseba Elosua, miembro del aparato financiero de ETA y propietario del bar Faisán de Irún, sobre una inminente operación de la policía contra la banda terrorista. Los populares interrogaron en tres ocasiones al ministro de Justicia sobre esta espinosa cuestión. Francisco Caamaño mantuvo el guión de respuestas precedentes: «Interferencias por parte del Gobierno, ninguna».

Respondía así al diputado popular Ignacio Gil Lázaro, que le pidió que desmintiera las informaciones sobre una supuesta oferta al juez Fernando Grande Marlaska para que 'enfriara' la investigación sobre el chivatazo hasta que regresara Baltasar Garzón -de permiso especial por estudios- que era el titular del juzgado en que había recaído la causa. Francisco Caamaño situó estas afirmaciones en el apartado de «rumores y conjeturas», y lamentó que ni los jueces ni el Gobierno cuenten con instrumentos eficaces para acabar con estos chascarrillos. Acusó además al PP de abusar de la «brocha gorda» para tintar de sospechas una causa que, pese a la petición de la Fiscalía para que se archive, está sub iúdice.

Responsables

A juicio del PP, el Gobierno está «interfiriendo» en estas pesquisas con el objetivo de evitar que se puedan pedir responsabilidades políticas si, finalmente, la justicia encuentra a responsables penales. El diputado popular abundó en la queja por la petición de la Fiscalía paraqué se archive la causa. Los populares sostienen que el Ejecutivo ambiciona convertir al Ministerio Público en «el brazo togado del Gobierno». Gil Lázaro fue especialmente duro con Cándido Conde-Pumpido: «está enfangado en el lodo de la negociación de ETA».

Caamaño salió en defensa de la independencia de los jueces y fiscales españoles y aseguró que las insinuaciones del PP «menoscaban» el Estado de de Derecho. También puso el acento en la contradicción en la que, a su juicio, incurren los populares, al pedir que se prorrogue la investigación en esta causa concreta a la vez que impulsan una reforma del Código Penal que incluya la limitación del periodo de pesquisas de los jueces.