La Junta dice que las prejubilaciones de Dephi no son una decisión suya sino un acuerdo
El consejero de Empleo, Antonio Fernández, ha detallado que los trabajadores, de acuerdo con los acuerdos de 2007, decidieron que la póliza de garantía renta era una salida
Actualizado: GuardarEl consejero de Empleo, Antonio Fernández, ha asegurado hoy que las prejubilaciones de ex trabajadores de la antigua factoría de Delphi en Cádiz «no es una decisión» de la Junta de Andalucía, sino un acuerdo de dos partes que financian una medida prevista en 2007.
En rueda de prensa, Fernández ha explicado que los trabajadores aportan una parte muy importante de lo que obtuvieron por su despido en una póliza de garantía de renta.
Ha sostenido que este planteamiento respondió, no al «fracaso» de políticas de empleo, y ha matizado en que en una época de crisis en 2008 y 2009, en la Bahía de Cádiz se han previsto 700 empleos para ex trabajadores de Delphi.
De hecho, según el consejero, la población ocupada en el sector industria ha subido el 10,4%, cuando la media en España y en Andalucía ha bajado.
Fernández ha detallado que los trabajadores, de acuerdo con los acuerdos de 2007, decidieron que la póliza de garantía renta era una salida, aunque «bastante más cortita» que las prejubilaciones permitidas en los sectores con beneficios cuando Javier Arenas era ministro de Trabajo y un «poquito más barata» que la prejubilación de un presidente de un banco, ha ironizado.
En el acuerdo -ha insistido- participan dos partes y la aportación de la Junta a esta póliza de renta no está predeterminada porque es una aportación en función de cada póliza.
No obstante, ha destacado que los ex trabajadores de Delphi son beneficiarios de unas políticas de empleo que les garantizan formación, renta y alta de Seguridad Social, después de haber creado más de 700 empleos.
La comisión de seguimiento de Delphi, en la que están representados la Junta de Andalucía y los sindicatos, acordó un plan de prejubilación voluntario para los ex trabajadores mayores de 50 años de la fabrica de Puerto Real que cerró en febrero de 2007.
Para acogerse a esta medida, que afectará a alrededor de 400 personas, los trabajadores deberán aportar el 40% de la indemnización que percibieron tras el cierre de la factoría para financiar la póliza de seguro de renta hasta la edad de jubilación legal.