Cuando las deudas ahogan

No son sociedades anónimas, ni siquiera autónomos. Son familias corrientes, cuyos miembros son generalmente asalariados. Sin embargo, sus expedientes conviven en el juzgado de lo mercantil en las mismas estanterías donde han acabado las empresas víctimas de la crisis. Se trata de los particulares ahogados por las deudas que, como último recurso se han acogido a la fórmula del concurso de acreedores y, como si de un negocio se tratase, se han declarado oficialmente en quiebra.

El método es poco conocido entre los particulares, de hecho, desde 2004 a 2007 nadie recurrió a él en Cádiz, sin embargo desde que comenzó la crisis, cada vez más personas ponen sus bienes en manos de la Justicia cuando los acreedores les agobian. A lo largo de 2009, un total de 33 gaditanos acudieron al juzgado de lo mercantil de la capital (el único de toda la provincia) para declararse en quiebra, según dio a conocer ayer el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) en unas tablas en las que Cádiz arrasa: es la segunda provincia de Andalucía en número de concursos particulares, aunque si se tiene en cuenta que Sevilla apenas cuenta con 36 personas endeudadas, en términos relativos Cádiz encabeza la lista por goleada.

Los 33 endeudados quizá parezca una cantidad ridícula si se compara con los más de 160.000 parados de la provincia. Pero llama la atención el aumento espectacular de este tipo de concursos a lo largo del pasado año, ya que en 2008 -entonces sólo había «desaceleración»- sólo siete personas aparecía en las estadísticas del INE.

¿Quién puede solicitar un concurso de acreedores? Nada de altos potentados o familias acaudaladas. Cualquier persona que tenga más de un acreedor, con deudas inferiores a los 10 millones de euros y que pueda demostrar su insolvencia, tiene posibilidad de declararse en quiebra.

Requisitos fáciles de cumplir, ya que durante los años en que los préstamos se concedían con ligereza, muchas familias gaditanas se apuntaron al «cómprelo ahora y páguelo en cómodos plazos»: la hipoteca, el coche nuevo, las otras cuotas de la casa de la playa... Si los salarios no eran suficientes, se pedía un préstamo rápido o se tiraba de tarjeta de crédito. Con las vacas flacas, algunos de estos núcleos familiares perdieron su sustento al quedar alguno de sus miembros en paro, y las deudas comenzaron a ahogarlas. Cuando la situación es insostenible los deudores pueden solicitar el concurso, aunque también son los acreedores quienes pueden dar el paso.

Los bienes tutelados

Cuando se inicia el proceso, ambas partes deben acordar los plazos de pago (un máximo de cinco años) y qué porción de lo debido se perdonará (no más del 50%). Un administrador nombrado, por el juez, se hace cargo de los bienes, aunque estos no se embargan. También se intervienen los ingresos, por los que el particular recibe sólo una especie de paga de no más de 500 euros al mes para los gastos básicos propios y de su familia.

En la mayoría de los casos, el mayor acreedor de un particular suelen ser bancos y cajas, por deudas hipotecarias. Pero, según aclara el procurador gaditano Eduardo Freire, experto en este tipo de asuntos, este tipo de préstamos no entra en los concursos, porque los bancos tienen las casas como garantía de cobro y no suelen aceptar los acuerdos con sus clientes. No obstante, cuando se declara un concurso el dueño de la casa se ve exento de pagar las cuotas al banco durante el primer año. Según Freire, muchas familias recurren al juzgado para verse desahogadas durante un tiempo, pero al segundo año deberán devolver todas las cuotas «de golpe», así que lo único «conseguido es dilatar la agonía financiera», explica el procurador, que recuerda además que iniciar el proceso concursal no es gratis: conlleva gastos.