Circular equívoca

La circular de uso restringido firmada por el comisario general de Extranjería y Fronteras cuyo contenido desvela hoy este periódico constituye una temeraria invitación a las Fuerzas de Seguridad para que realicen una aplicación extremadamente estricta de la Ley de Extranjería. La indicación a los agentes para que efectúen un uso discrecional de la «detención cautelar», que en la Ley Orgánica sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros se recoge como una opción, parece traslucir la determinación gubernamental para presionar a los inmigrantes irregulares más allá del espíritu y las garantías que se exhiben en el discurso oficial del Gobierno. En la misma línea parece encajar la llamada «detención a efectos de identificación» contenida en la circular y cuya plasmación jurídica no aparece en el texto legal. Si la circular acaba constituyendo un vademecum de uso diario para las patrullas policiales y los atestados en las comisarías de Policía, a partir de una interpretación extensiva de la norma, se podría llegar a incurrir en una suerte de «infra-derecho» sobre el que el Defensor del Pueblo ya ha advertido. La institución que dirige Enrique Múgica viene insistiendo en que es preciso que todas las instrucciones y circulares en materia de inmigración deben ser publicadas en boletines oficiales para garantizar su conocimiento a abogados y jueces. La urgencia en la tramitación de los expedientes de repatriación, aun cuando el inmigrante tenga domicilio siempre que a juicio de los funcionarios éste no sea fijo ni estable sino temporal o de tránsito como se indica en la circular, resulta discordante con la posición gubernamental en la reciente polémica sobre el padrón. El debate originado a raíz de la iniciativa del Ayuntamiento de Vic para restringir el empadronamiento de inmigrantes irregulares propició la descalificación desde ámbitos ministeriales de lo que se calificó de intentos para recortar los derechos elementales. Zanjada la controversia sorprendería que la propia administración impulse por la vía policial un comportamiento contrapuesto. Es precisamente esa ambivalencia entre el lenguaje oficial y la práctica policial la que requiere una aclaración urgente para evitar espacios de aplicación discrecional de la Ley de Extranjería pero también para aportar transparencia y coherencia y descartar la sospecha de que un discurso moderado llegue a encubrir una práctica extremadamente severa en un capitulo tan sensible para la convivencia.