Diez familias hacen frente común para que les doten de agua potable

Los jerezanos que subsisten en viviendas irregulares de la zona rural no han tirado la toalla y a pesar de que el horizonte se divisa negro para muchos de ellos continúan con su cruzada en pos de que el Ayuntamiento les dote de servicios tan básicos como el agua potable, la electricidad o el alcantarillado. Ahora, tras años de promesas incumplidas, según ellos, una decena de familias de Las Pachecas ha hecho frente común para conseguir este complicado objetivo y están dispuestas a llegar hasta las últimas consecuencias.

Se trata de un grupo compuesto por ciudadanos que en algunos de los casos llevan más de 40 años habitando estas tierras y que aseguran que la Administración local les garantizó hace dos años y medio que les instalaría un contador de agua con el que poder abastecerse. Sin embargo, el tiempo ha transcurrido y ahora se lamentan de que en el Consistorio se pasen la pelota unos a otros sin dar soluciones a su problema.

«Tanto Manuel Becerra (director de Ordenación del Territorio de Medio Rural) como otra trabajadora de la Delegación llamada Lourdes (Menacho, directora del área de Desarrollo Social) nos dijeron que nos iban a instalar el contador hace dos años y medio y todavía estamos esperando -informa Gina López, una de las vecinas afectadas-. Las solicitudes las echamos todos en su momento y ahora resulta que nos marean y nos derivan de un lado para otro. Sólo hace falta una firma, yo creo que nos engañaron porque se aproximaban las elecciones».

La situación, desafortunadamente, resulta harto complicada pues se topa nuevamente con la cuestión de la regularización. Como explicó la delegada de Medio Rural, María del Carmen Martínez, todas las viviendas que se encuentran contempladas en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y por tanto están en vías de legalización, recibirán tarde o temprano la dotación de estos servicios mínimos tan demandados.

Sin solución

Lo que ocurre es que se trata de un proceso que requiere su tiempo, según Martínez, además de que resulta costoso y «no todo el mundo está dispuesto a poner su parte, porque los vecinos tienen que colaborar». Con independencia de ello, garantizó que tal necesidad será cubierta paulatinamente, aunque no así en el caso de las viviendas irregulares, que están abocadas a la desaparición.

Ésta sería la situación de la decena de familias anteriormente mencionadas, ya que sus inmuebles están ubicados en una zona que no figura en el PGOU. Aún así, ellas reivindican su derecho de contar con unos servicios básicos, que además viene respaldado por una supuesta promesa que el Ayuntamiento por otro lado tampoco ha querido confirmar. Así las cosas, los perjudicados continúan como lo han hecho siempre abasteciéndose de agua como buenamente pueden, a través de contadores de parientes o gracias algún que otro apaño casero.

No obstante, como apuntó López, la paciencia ya se les ha acabado y están dispuestos a agotar todas las posibilidades. «Vamos a llegar a donde sea y nos pondremos en contacto con gente de otras barriadas rurales que está en nuestra misma situación. Haremos manifestaciones, si hace falta, porque no vamos a seguir viviendo en estas condiciones».