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Un sonriente Gordon Brown observa al ministro principal de Ulster, Peter Robinson, con el número dos del Gobierno norirlandés, Martin McGuinness, a la derecha. :: AP
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Irlanda del Norte culmina su transición

Salvado el último obstáculo acerca de la Comisión de Marchas, el traspaso de ambas competencias se hará efectivo el 12 de abril El acuerdo sobre las transferencias de Justicia y Policía consolida la paz y abre una etapa histórica

ÍÑIGO GURRUCHAGA CORRESPONSAL
LONDRES.Actualizado:

El Gobierno británico traspasará el 12 de abril al Ejecutivo de Ulster la administración de los tribunales y de la Policía junto a la capacidad legislativa sobre Justicia penal, tras la firma ayer de un acuerdo que el ministro principal, Peter Robinson, calificó como «una buen día para Irlanda del Norte» y el número dos, Martin McGuinness, como «quizás el acuerdo más importante de todos».

En un acto al que asistieron los primeros ministros de la República de Irlanda y Reino Unido, Brian Cowen y Gordon Brown, se presentó el documento como el fin de una transición cuyo comienzo puede datarse en la Declaración de Downing Street, el 15 de diciembre de 1993, y que puede dividirse en un proceso de paz y en la articulación de una autonomía compartida.

La transferencia sobre Policía y Justicia formaba parte del nuevo mapa constitucional diseñado en el Acuerdo del Viernes Santo de abril 1998. Pero fue impedida en los primeros años porque Sinn Fein, partido asociado al IRA, no apoyaba a la Policía, cuya reforma fue emprendida siguiendo la guía de una comisión presidida por el ex político conservador Chris Patten. El nuevo Servicio de Policía de Irlanda del Norte (PSNI) nació con un programa de equidad en la proporción de protestantes y católicos y tras el desmantelamiento de unidades especializadas en la persecución del terrorismo. El siguiente hito fue el anuncio del IRA sobre el fin definitivo de sus actividades, en mayo de 2005.

Para entonces, el Ejecutivo autonómico formado por el UUP y Sinn Fein se había colapsado y las elecciones de 2003 dieron mayoría al DUP de Ian Paisley. Sostener una autonomía apoyada en las dos formaciones más radicales de Irlanda del Norte creó nuevas dificultades. Hasta que, en octubre de 2006, los partidos y los gobiernos acordaron un mapa de las trasferencias pendientes y de los pasos para recrear el Ejecutivo, que se puso en pie en mayo de 2007, tres meses después de que Sinn Fein acordase su apoyo al PSNI.

El Ejecutivo ha tenido una vida azarosa, marcada por la disputa por la transferencia más delicada y pendiente. Sinn Fein anunció en las últimas semanas que provocaría la caída del Gobierno, mediante la dimisión de McGuinness, si la transferencia no se cumplía. Tras diez días de intensas negociaciones, los partidos presentaron ayer su acuerdo.

Consenso sobre el consejero

El documento estipula los pasos para la creación de un Departamento de Justicia, que asumirá la responsabilidad de las competencias transferidas. Robinson y McGuinness se reunirán el lunes para considerar candidatos que pueden dirigirlo. Existe ya un consenso sobre la persona de David Ford, del Partido de la Alianza. El martes se someterá el acuerdo a la ratificación de la Asamblea. En él se marcan las líneas maestras de la nueva estructura, que tendrá que coordinarse con la unidad de fomento de buenas relaciones comunitarias, en el departamento que comparten el ministro y viceministro principales. El documento señala que las decisiones cuasijudiciales serán tomadas sin consultar al Ejecutivo, como prueba de independencia.

Se incluye en el acuerdo una carta de Brown en la que se compromete a asignar un paquete financiero del Gobierno de Londres para los gastos extraordinarios en los próximos ejercicios. Y el regalo de cuatro bases militares, cuya venta engrosará las arcas de la autonomía.

El acuerdo recibió el apoyo de los unionistas después de que Robinson obtuviera de Sinn Fein el respaldo a la asunción por la autonomía de la responsabilidad sobre los desfiles de la Orden de Orange, que son rechazadas en barrios católicos. El Ejecutivo creará inmediatamente un grupo de trabajo para estudiar alternativas a la actual Comisión de Marchas, nombrada por Londres. El calendario desemboca en una nueva institución, cuya ley fundacional ha de ser aprobada en diciembre.