Acusan de robo a cuatro diputados británicos implicados en el escándalo de los gastos

La Fiscalía británica anunció ayer que cuatro parlamentarios implicados en el escándalo de los gastos se enfrentarán a cargos penales por robo. Los acusados, que entre otras cuestiones cargaron al erario público hipotecas ya pagadas o facturas falsas, pertenecen tanto al Partido Conservador como a los laboristas. Los afectados son un lord 'tory' -Paul Hanningfield- y tres representantes de la formación liderada por Gordon Brown en la Cámara de los Comunes -Elliot Morley, Jim Devine y David Chaytor-. En un comunicado conjunto, los diputados defendieron su inocencia.

Keir Starmer, portavoz de la Fiscalía, adelantó que los casos han sido revisados minuciosamente tanto por abogados de la Corona británica como por expertos externos antes de iniciar el proceso penal. Según las investigaciones llevadas a cabo, el laborista Morley reclamó al Parlamento el importe de una hipoteca ya pagada mientras que Devine presentó facturas falsas por servicios de limpieza. Chaytor, por su parte, ha sido acusado de abonar con dinero público el préstamo de un inmueble en el que vivía su madre y el conservador Hanningfield supuestamente reclamó estancias nocturnas en hoteles de Londres días en los que dormía en su casa.

La investigación, que se centra en los gastos realizados desde 2004, arrancó en mayo después de que 'The Daily Telegraph' destapara el escándalo. Tras nueve meses de indagaciones, Thomas Legg, responsable de la auditoría, presentó el jueves la lista de los diputados que debían devolver dinero al erario público por haber incurrido en irregularidades. Un total de 392 políticos, la mitad del Parlamento británico, tendrán que reembolsar 1,12 millones de libras (1,28 millones de euros), entre ellos los líderes de los tres principales partidos del país.

El listado elaborado por Legg, sin embargo, no ha cerrado el escándalo ya que el coste de su investigación supera los 917.958 euros devueltos hasta ahora por los diputados. Además, también se ha sabido que 44 parlamentarios no tendrán que reembolsar dinero porque sus apelaciones prosperaron, lo que ha contribuido a reavivar la controversia.