El sistema de bonificaciones a la contratación no da más de sí

Entre los primeros pasos para la reforma laboral se encuentra el diseño de un nuevo modelo de bonificaciones al empleo. Y el Gobierno ya dispone del diagnóstico que demuestra que el actual sistema no da más de sí. Desde julio de 2006 -última reforma laboral- hasta noviembre de 2009, los incentivos a la contratación se han llevado 10.484,2 millones de euros. El problema es que las medidas se han quedado obsoletas y no han servido para afrontar la crisis. Su implantación cubre casi la totalidad de los empleos y resulta ineficaz para potenciar las contrataciones. Además, condena al paro a los colectivos menos favorecidos para la inserción laboral. Los fallos y errores cometidos en los últimos años se denuncian en el documento que el Ministerio de Trabajo ya ha remitido al Parlamento.

Desde el 1 de julio de 2006 al 31 de diciembre de 2009 se gestionaron 58.779.703 contratos acogidos a los beneficios de la última reforma laboral, encaminada al fomento del empleo estable. De ese total, solo 1.963.476 disfrutaron de bonificaciones (1.837.649 tuvieron carácter indefinido y 125.827, temporal). Pero el efecto más inmediato de aquellos cambios fue un fuerte aumento de las conversiones de colocaciones con fecha de caducidad en empleos estables, incluso más allá de la desaparición de la bonificación de un plan extraordinario de transformaciones, establecido para el segundo semestre de 2006.

La tasa de temporalidad del 34,39% se redujo en 3,5 puntos en los 18 meses siguientes a la entrada en vigor de las medidas. Las estadísticas confirman que esos resultados han sido los mejores de todas las reformas laborales firmadas desde 1994. Y, aunque el porcentaje de eventualidad ha continuado su descenso en 2008 y 2009, la última rebaja es «imputable esencialmente al proceso de destrucción de empleo temporal que ha caracterizado la crisis», según recoge el documento del Gobierno. Pese a «algunos efectos indudablemente positivos» de la reforma de 2006, los cambios no sirvieron para modificar de forma apreciable «la cultura de la temporalidad que domina el mercado de trabajo en España», donde la dualidad de fijos y eventuales con elevada rotación es la principal característica.

Universal y complejo

Pero el sistema de bonificaciones, pese a su aspiración inicial de seleccionar los colectivos beneficiados, ha llevado a que la práctica totalidad de los trabajadores pueda ser susceptible de beneficios. Incluso el único grupo que carece de incentivos, los hombres de 31 a 44 años, también puede disfrutar de ayudas, aunque sea indirectamente por responsabilidades familiares o por cobrar la prestación de desempleo. Así, al ser prácticamente universal, el sistema no permite favorecer claramente el acceso al mercado laboral de quienes tienen mayores dificultades, lo que pone en duda la eficacia de las bonificaciones. Además, su distribución se ha convertido en un complejo proceso por las numerosas y variadas cuantías que se han de conceder.

La aplicación de ventajas para los parados con cargas familiares y con cobertura de desempleo, lejos de ayudar de manera decisiva a la creación de empleo, ha originado confusión. Existen casos en que estas ayudas superan a las establecidas para otros grupos, lo que desincentiva la contratación de estos últimos. A título de ejemplo, el documento del Ejecutivo refleja que si bien el número de contratos bonificados de parados con responsabilidades ascendió -desde su entrada en vigor en diciembre de 2008- a 15.653, estos puestos de trabajo creados habrían restado peso a las colocaciones bonificadas de mujeres, que cayeron desde el 39,5% en 2008 al 31,6% en 2009.

En consecuencia, el Gobierno advierte de que el modelo se ha convertido en un mecanismo de rebaja generalizada de los costes de la contratación indefinida respecto a la temporal, sin que haya producido el deseado efecto de disuadir a los empresarios del uso del empleo precario como puerta de entrada en el mercado laboral. También constata que el sistema ha quedado obsoleto porque es el mismo que se estableció en 2006, cuando la situación socioeconómica del país era muy diferente. Precisamente, otro de los problemas detectados consiste en esa falta de adaptación ante la recesión y el desplome del mercado de trabajo. En definitiva, el sistema presenta «síntomas evidentes de agotamiento», que hacen «aconsejable abrir una reflexión sobre su replanteamiento y reforma», sobre todo ante una coyuntura como la actual, necesitada urgentemente de fórmulas que fomenten la contratación.