El acusado del atropello mortal es escoltado para que no le linchen

La tensión se palpaba en el ambiente, y no era para menos. Desde antes de las diez de la mañana de ayer, hora indicada para el comienzo de la vista, casi 200 personas se agolpaban a las puertas de los juzgados de Álvaro Domecq ataviadas con una camiseta en la que rezaba: «Justicia para Francisco Ángel», y la cara del joven fallecido.

Los días previos al juicio la familia del motorista onubense, que murió arrollado por un vehículo durante la Motorada de 2007, prometía calentar el ambiente arropada por sus paisanos de la localidad de Rociana y, efectivamente, lo que comenzó como una jornada tirante acabó convertido en una verdadera batalla campal.

El magistrado del Juzgado número 3 de lo Penal fue el primero en dar un golpe en la mesa y ordenar que se restringiera el paso no sólo a la sala de vistas, a pesar de que la audiencia era pública, sino también al propio edificio judicial.

Por ello, fueron muchos los que aguardaron impacientes a las puertas del recinto, mientras que los más afortunados consiguieron hacerse un hueco en los pasillos y una minoría de 20 personas, todas ellas familiares de la víctima y el acusado, lograron entrar en el juicio. Pocos minutos antes de que comenzara, la familia de Francisco Ángel Jiménez increpó a la del acusado, G. D. O, al que tacharon de «asesino» mientras los otros se excusaban asegurando que «fue un accidente». Afortunadamente, en esta ocasión no se llegó a mayores.

Una vez en el interior de la sala, la vista estuvo centrada en la versión del procesado, un joven de 23 años que no pudo negar lo evidente y reconoció los hechos, aunque eso sí, centrando su defensa en todo momento en que conducía bajo los efectos del alcohol y las drogas cuando se produjo el atropello. «Salí y me tomé unas copas -relató ante el juez- y creí que estaba bien, pero no era así».

El conductor, que también negó que circulara a mayor velocidad de la permitida, contó cómo perdió el control de su vehículo y chocó con la mediana de la avenida Fernando Portillo, hasta invadir el sentido contrario, empotrándose contra varios coches aparcados y arrollando finalmente al motorista. «No me di cuenta de lo que pasó hasta que me metieron en el calabozo, no pensé que se hubiera muerto nadie», argumentó, puntualizando que él jamás «huiría del lugar de los hechos».

Y es que la acusación particular, además de los delitos de homicidio imprudente, lesiones (por el acompañante del fallecido, que resultó herido) y otro contra la seguridad del tráfico, le imputa un delito de omisión del deber de socorro. Aunque la defensa insistió en que el joven «no estaba en condiciones de socorrer a nadie» (no hay que olvidar que rebasó los cinco puntos en la prueba de alcoholemia, dio positivo en psicotrópicos y llevaba encima diez papelinas), los policías locales que testificaron acabaron echando por tierra este argumento.

Omisión de socorro

Según los agentes, el acusado «en ningún momento dio muestras de querer socorrer a nadie, porque estaba más preocupado del bollo que pudiera tener su coche». Unas declaraciones que hicieron que el fiscal finalmente se adhiriera a la petición de la acusación particular, que ha solicitado una pena de ocho años de cárcel, la máxima posible en estos casos.

Cuando concluyó la vista y el acusado abandonó la sala se vivieron los momentos más dramáticos de la jornada. Los allí presentes empezaron a increparle e insultarle nuevamente, pero esta vez muchos de los congregados fueron directamente a su encuentro e intentaron agredirlo, por lo que tuvo que abandonar el lugar escoltado por los antidisturbios.

El padre del fallecido, que hasta el momento había mantenido las formas, fue sujetado por los agentes en un instante de furia contra el joven, mientras que una de sus hijas acabó siendo atendida por un ataque de ansiedad. Entre el gentío, sólo se escuchaban proclamas como «asesino, asesino» y «queremos que se haga justicia».