Blanco compensará el recorte en Fomento con inversión privada

El ministro de Fomento, José Blanco, necesita más que nunca de las grandes constructoras españolas. Ellas serán las que salven gran parte de los principales proyectos de infraestructuras en los próximos años, después del recorte de 50.000 millones de euros autoimpuesto en el Gobierno en busca de una mayor de austeridad con la que combatir el desbocado déficit. Blanco explicó ayer que el Plan Extraordinario de Infraestructuras, de la mano de la iniciativa privada, servirá para compensar este año el tijeretazo en el presupuesto de Fomento y mantener el esfuerzo inversor en cifras próximas a las de 2009.

Y es que si Fomento había logrado salvarse hasta ahora de los ajustes presupuestarios sufridos por otros departamentos, siempre bajo el argumento de que la inversión productiva era imprescindible, la urgencia por aquilatar los números rojos se ha impuesto a cualquier otro argumento. «Me han trasladado un problema», apuntó Blanco, quien rehusó cuantificar la cantidad de la que ya no podrá disponer, que, explicó, queda en manos de la vicepresidenta económica del Gobierno, Elena Salgado. El presupuesto de Fomento para el presente ejercicio antes de cualquier ahorro pasaba por una inversión de algo más de 19.300 millones, en línea con la desarrollada los últimos años.

El propio Blanco reconoció que «es indudable que el Plan de Austeridad afectará a Fomento éste y los próximos años, lo que requerirá una reprogramación de todas las actuaciones previstas». Y matizó: «Hablo de reprogramar, no de anular, porque tengo la ambición de mantener la mayor parte de los proyectos aunque tenga que buscar fórmulas alternativas de financiación».

El truco es que el Plan Extraordinario de colaboración público-privada, estimado hasta hace poco en 15.000 millones aunque ahora podría incrementarse, no computa como déficit. Y es que las obras se harán mediante concesiones en las que el riesgo, la gestión y la explotación de las infraestructuras quedarán en manos de las empresas, que cobrarían a la Administración su correspondiente canon.

Eso sí, el pago que reciban los operadores privados no dependerá sólo del tráfico o la demanda, sino que se fijará en base a criterios adicionales como los estándares de mantenimiento o la eficiencia energética que se consiga. La primera estimación es que los 15.000 millones podrían «crear o mantener», en palabras de Blanco, unos 400.000 puestos de trabajo.

Aunque aún está sin concretar -la intención de Blanco es presentar el plan en el primer trimestre-, el capote de las empresas al ministro superará los 7.000 millones sólo este año. Se tratará de un conjunto de grandes obras, probablemente una decena, entre las que predominarán los desarrollos ferroviarios de alta velocidad. El AVE seguirá siendo la 'niña bonita' de Blanco, que ahora deberá pensarse muy mucho otro tipo de obras como las portuarias o aeroportuarias. Antes de que el Gobierno anunciara que se iba a apretar el cinturón de semejante forma, el programa público-privado ya tenía la financiación cerrada. De los iniciales 15.000 millones, el 50% del dinero sería ofrecido por el Banco Europeo de Inversiones (BEI), al que sumaría el Instituto de Crédito Oficial (ICO) con otro 20%. El 30% restante dependería de las aportaciones de la banca española y las empresas adjudicatarias de los proyectos. En este nuevo escenario es probable que la aportación del ICO pase del 20% al 25% «o incluso algo más», según fuentes gubernamentales.

Para tratar de aquilatar cada paso que dé en el futuro, José Blanco ha pedido una suerte de auditoría. El objetivo: conocer la dimensión y el coste de cada departamento de su Ministerio. Fomento es enorme y cuenta con un buen número de empresas públicas o semipúblicas con nutridos consejos de administración dependientes del gabinete de Blanco y que ahora se enfrentan a un notable recorte de gastos. Todo, antes de tener que renunciar a la inversión productiva que, en realidad, es la que aporta progreso, cohesión territorial y, sobre todo, empleo. Está previsto que el ministro tenga ese informe, con sus correspondientes propuestas de ajuste, encima de su mesa antes de seis meses