Diversas instituciones piden revisar en profundidad el canon digital y el papel de las entidades gestión

Representantes del sector tecnológico, de los consumidores, de las radios y de los hosteleros, así como expertos en internet y en protección de datos han expuesto ante la Subcomisión de Propiedad Intelectual del Congreso sus peticiones para modificar la legislación vigente. Revisar el canon digital y limitar el papel de las entidades de gestión de derechos de autor en un contexto tecnológico que permite nuevos modelos de negocio han sido los mensajes de los comparecientes.

Después de la tercera y última jornada de comparecencias, la Subcomisión que estudia la pertinencia de modificar la Ley de Propiedad Intelectual vigente deberá elaborar un documento de conclusiones -consensuadas o de cada grupo político- que confía tener preparado a finales de mes. Esas conclusiones deberán ser aprobadas por la Comisión de Cultura del Congreso de los Diputados para su posterior elevación al Gobierno, que podrá o no tenerlas en cuenta, ya que no son preceptivas.

Reforma urgente de la ley

Desde la Asociación de Empresas de Electrónica, Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones de España (AETIC) consideran que la protección de la propiedad intelectual en internet pasa por proteger electrónicamente los contenidos digitales y por desarrollar nuevas fórmulas de explotación de los mismos, pero no por establecer cánones. En el caso de que esas soluciones fallen, AETIC propone que sea la justicia quien condene de forma "ágil e implacable" a aquel que explote contenidos ajenos.

La Asociación Multisectorial de Empresas Españolas de Electrónica y Comunicaciones (ASIMELEC) también ha defendido el protagonismo de la justicia a la hora de actuar contra la piratería y ha pedido que se rebaje el importe del canon digital porque resta competitividad. Desde la Confederación Española de Consumidores y Usuarios (CECU) se ha pedido una revisión total del canon digital y una mayor transparencia por parte de las entidades de gestión colectiva de derechos de autor.

En ese sentido, la Asociación Española de Radiodifusión Comercial ha sostenido que es necesaria una reforma urgente de la Ley que termine con los poderes "absolutamente excesivos" de las entidades de gestión de derechos de autor. Desde AERC han solicitado que se modifique el "estatus monopolístico" de esas entidades, así como la manera en la que administran sus repertorio. La Federación Española de Hostelería se ha sumado a esa petición y ha exigido un "tope equitativo, razonable y responsable" de las tarifas impuestas por las entidades de gestión.

Excepciones de los derechos de autor

El profesor del Instituto de Empresa y experto en internet Enrique Dans ha augurado que las descargas ilegales a través de la red disminuirán cuando el mercado ofrezca alternativas, algo que no ocurrirá mientras esas entidades de gestión "sigan lastrándolo". Ha insistido Dans en que las descargas son sólo un problema "coyuntural", toda vez que "los artistas ganan más dinero que antes, la difusión de la cultura es mucho mayor y los únicos que están perdiendo dinero son intermediarios, que lógicamente si no redefinen su papel ya no tienen demasiado que hacer en la sociedad de la información".

Al debate también se ha sumado el buscador Google, que considera que España necesita una Ley de Propiedad Intelectual "consistente, fuerte y con visión de futuro", que proteja los derechos de autor, pero que a la vez permita el desarrollo de nuevos modelos de negocio en internet. La compañía tecnológica ha indicado que sería pertinente trabajar sobre algunas de las excepciones de los derechos de propiedad intelectual recogidas en la Ley vigente, como la cita, la parodia o la posibilidad de incluir digitalización de contenidos con fines divulgativos.

La Agencia de Protección de Datos ha sugerido que los datos que se pidan a las operadoras de internet para castigar la piratería sean "los estrictamente necesarios" para identificar a los responsables de páginas de descargas con ánimo de lucro. La actual legislación en materia de protección de datos permite que las operadoras de internet faciliten, por requerimiento judicial, la identidad de las personas jurídicas que se encuentran tras páginas web que se lucran con las descargas ilegales, pero no la de usuarios particulares.