El constructor dice que no dio de alta al obrero fallecido por «hacerle un favor»

Dice que era su amigo, que sólo lo que ha hecho en su vida es ayudarlo, y que por hacerle un favor no le dio de alta en la Seguridad Social, manteniéndolo en la cuadrilla en situación ilegal. Asegura que su trabajador se lo había pedido «porque estaba gestionando una pensión de invalidez». Quien hizo ayer este alegato a favor de la amistad se sienta en el banquillo de los acusados por la muerte de ese empleado, Jesús Mera, quien perdiera la vida en septiembre de 2007 durante la reforma de una finca de la capital, situada en San Roque, 6. Este constructor, Manuel R. S, no es el único procesado por un accidente laboral que conmocionó a la ciudad; también se enfrentan a posibles penas de cárcel otros cuatro acusados más: el dueño del inmueble y promotor de la obra -Francisco S. L.-, el arquitecto -Gonzalo N. A.-, el socio del constructor -Ángel R. C.- y la persona que coordinaba a la cuadrilla en ausencia del contratista -Juan F. R.- .

Todos ellos testificaron ayer a excepción del último cuyo interrogatorio fue aplazado, ya que la vista oral, que se celebra en el Penal nº 2, se prolongó hasta la tarde. La familia de la víctima se vio abocada a recordar un episodio que sacó la peor cara del sector de la construcción: peones sin contrato, sin medidas de seguridad y en una obra que se inició antes de que obtuviese la licencia municipal. Este cúmulo de irregularidades ya ha sido confirmada por la Inspección de Trabajo, que ha impuesto una multa de por vida al promotor, en beneficio de la mujer y los hijos del fallecido. Ayer, el propio Francisco S. L. dijo que se acababa de enterar por el abogado de la acusación, Javier García Marichal, que lo aportó como prueba de las irregularidades que existían en materia de seguridad.

Reconstrucción

Jesús Mera murió al caerse desde una altura de 10 metros cuando trabajaba en la construcción de un techo. No había red de contención, ni los obreros contaban con equipos de sujeción. La caída se produjo cuando se desplazaba sobre un tablón de madera que atravesaba el hueco del patio. Sobre la citada red, el constructor reconoció que había sido retirada para facilitar la subida de vigas, pero que no sabe por qué no volvió a ser colocada.

Descargarse de responsabilidad es la estrategia que sigue tanto el constructor como el promotor. Éste último aseguró que desconocía en qué condiciones trabajaban los peones y de saberlo, habría paralizado la obra. Insistió en que vive en Sevilla y no visitaba regularmente la obra, tan sólo para entregarle semanalmente al constructor unos 6.000 euros.

Ángel R. C. negó su condición de socio del constructor, pese a que en instrucción varios trabajadores, como el hijo del fallecido, lo identificaron como una de las personas de la que recibían órdenes. Pese a su negativa, durante la declaración el subconsciente le jugó una mala pasada y se refirió a Manuel R. S. como su socio.

El fiscal solicita cuatro años y medio de prisión para todos los acusados, salvo para el coordinador de la cuadrilla; la acusación particular pide siete años para los cinco procesados.