El dueño de las casas derribadas en diciembre deja la huelga de hambre

Antonio Tocino, propietario junto a su familia de las diez viviendas que fueron derribadas el pasado mes de diciembre en la zona de Majadillas Bajas por carecer de licencia, abandonó el pasado viernes la huelga de hambre que comenzó hacía justamente 32 días para pedir explicaciones por estas demoliciones.

Tanto él como sus allegados han permanecido en las puertas del edificio de la Gerencia de Urbanismo de la localidad pidiendo «justicia» todo este tiempo.

Tocino, visiblemente demacrado y afectado físicamente, tuvo que ser trasladado la madrugada del jueves al hospital de Puerto Real con deshidratación y principio de insuficiencia renal. Allí fue atendido por los facultativos, que recomendaron su ingreso hospitalario, y que firmaron apenas unas horas después el alta voluntaria solicitada por él.

Se da la circunstancia de que el Ayuntamiento de Chiclana ha mantenido en las últimas semanas varios contactos con la familia Tocino, y ha instado en diversas ocasiones a ésta a que depusieran su actitud y abandonaran su protesta para «sentarse a negociar».

Esas negociaciones van encaminadas a suavizar la sanción de casi 1,2 millones de euros que ha recaído sobre estos propietarios como multa económica por haber construido la decena de casas demolidas en Majadillas sin permiso.

Según ha podido saber este medio, el Consistorio chiclanero está en negociaciones con la Fiscalía para reducir, e incluso eliminar, algunas de las sanciones urbanísticas interpuestas a promotores y constructores, una vez se devuelva la «situación de legalidad urbanística».

Hace una semana, esta posibilidad es una de las que se contempla en las negociaciones que mantiene Urbanismo con los propietarios de viviendas irregulares de la localidad aglutinados bajo el paraguas de la Plataforma de Afectados.

Respetar la legalidad

En el borrador que actualmente se negocia, esa reducción pasaría por la minoración de hasta el 75% de la sanción impuesta por la Gerencia Municipal de Urbanismo en ciertos casos.

Sea como fuere, el alcalde de Chiclana, José María Román, ya ha explicado en los últimos días que el Gobierno está comprometido «para que no se produzcan más derribos en la ciudad». Esta posibilidad pasará, en todo caso, «por el respeto absoluto a la legalidad, y no por fórmulas mágicas sacadas de la chistera», apuntó.

De momento el derribo más polémico de cuantos se han producido en Chiclana ha provocado, eso sí, un debate abierto en la ciudad entre quienes consideran que la familia Tocino ha pagado 'el pato' de las más de 15.000 casas edificadas sin licencia en los últimos años, y quienes creen que el Ayuntamiento ha obrado bien derribando sus propiedades por ilegales.

La familia Tocino al completo descansa desde ayer en su casa, pero aseguran que seguirán luchando por lo que consideran justo.