Zapatero quiere también retrasar la edad de prejubilación de los 52 a los 58 años

El Gobierno ha sorprendido, y en lugar de apostar por una reforma suave de las pensiones, como en anteriores ocasiones y como había anunciado alguno de sus miembros, ha decidido defender cambios sustanciales para el sistema público de protección social. Considera que ha llegado el momento de retrasar de los 65 a los 67 años la edad legal de jubilación, inamovible desde 1919, y garantizar de esta manera el cobro de las pensiones más allá de 2030. Además, se inclina por que se posponga la edad de lo que se entiende por prejubilación, fijada en los 52 años, de manera que nadie pueda considerarse libre del mercado laboral hasta que haya cumplido los 58, según fuentes del Ejecutivo.

Las medidas figuran en un documento aprobado ayer por el Consejo de Ministros. El papel no recoge el cómo ni el cuándo se llevarán a cabo las modificaciones. El texto se limita a apuntar que el inicio será en 2013, es decir, las primeras personas afectadas por el retraso de la jubilación serán aquellas que nacieron en 1948. No obstante, la vicepresidenta segunda y responsable de Economía, Elena Salgado, comentó tras la reunión del Gabinete que el horizonte de su aplicación se prevé termine en 2025. Las mismas fuentes mantienen que el propio presidente, Rodríguez Zapatero, retiró del papel los plazos y el proceso de implantación.

Salgado fue la encargada de explicar la propuesta. Estuvo acompañada de la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, quien insistió en que la reforma es un «ejercicio de responsabilidad» porque «hay que trabajar por los pensionistas de hoy, pero también por sus hijos». Aseguró que el proyecto nada tiene que ver con las exigencias del gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordoñez. «Nuestro planteamiento se realiza en unos términos muy razonables», dijo. «Es el momento de abrir el debate, no para crear incertidumbre sino para dar confianza», comentó.

A juicio del Gobierno, el documento garantiza la sostenibilidad de las pensiones y contempla un crecimiento del gasto asumible. Asegura que prolongar la edad real de jubilación, subir el número de cotizantes con carreras profesionales largas, mayores bases de cotización, control de la economía sumergida y prestaciones estrechamente vinculadas a las aportaciones realizadas son «elementos fundamentales para la sostenibilidad y equidad del sistema de pensiones». Para la jubilación, junto con la ampliación de la vida laboral, propone que la pensión se calcule sobre periodos reales de cotización, con una base de pago acorde con la remuneración del trabajador, y analizar la evolución de los ingresos del sistema, la tasa de dependencia, y la esperanza de vida y, en función de estos factores, establecer el mecanismo para el cálculo de la prestación.

Salgado explicó que el documento irá a la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo (acuerdo suscrito en 1995 por los grupos políticos) y a los agentes sociales para alcanzar el consenso «lo antes posible». Aseveró que el Gobierno no trabaja con el escenario de la confrontación y rehusó aclarar cuál será la actitud del Ejecutivo si el entendimiento no es posible. Insistió en la necesidad de la demora y argumentó que en 1975 los jubilados disfrutaban de su prestación una media de cinco años, periodo que en la actualidad se eleva a 15. No obstante, «tenemos tiempo para hacer el cambio y se trata de hacerlo de la manera más gradual posible». En 2010, el número de pensionistas es de 8,6 millones, total que en 2030 será de 12,5 millones y en 2040, de 15,3 millones.

Otros cambios recogidos en el documento apuestan por extender la obligación de cotizar a los becarios de postgrado y a las empleadas de hogar, sea cual sea su periodo de trabajo; reflexionar sobre si algunas bonificaciones para el fomento de la contratación deben ser financiadas por la Seguridad Social; y revisar los pagos de los autónomos. En relación con la viudedad, plantea estudiar cambiarla por una indemnización en pago único o por una prestación temporal en determinados supuestos, con mejora para aquellas personas que vivan de esta pensión. Y sobre la orfandad se inclina por establecer «un valor determinado de prestación» con independencia de las circunstancias familiares.