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El retraso paulatino en la edad de jubilación que el Gobierno llevará hoy al Consejo de Ministros responde a una necesidad ineludible:la de mantener un mínimo equilibrio entre la parte de la población que esté en activo y aquellos sectores cuyos ingresos y bienestar dependan de la misma. De los 48 millones de españoles que el INE pronostica para 2049, una tercera parte será mayor de 64 años; previsión suficientemente esclarecedora de los problemas que ello puede conllevar para la continuidad no sólo del sistema de pensiones. Ha de tenerse en cuenta que no únicamente la Seguridad Social, sino que la nueva pirámide de edad comportará más costes sanitarios y de dependencia para un erario público que, además, se vería mermado en sus ingresos si va perdiendo población activa. En cualquier caso, se trataría de una iniciativa que debería ser consensuada en el seno del Pacto de Toledo y concertada en el marco del diálogo social. Pero sería irresponsable confiarlo todo a que se retrase la jubilación; como sería estrecho de miras contemplar la medida como una iniciativa vinculada únicamente a las cuentas futuras de la Seguridad Social. De entrada, el propio incremento de la esperanza de vida de los españoles requerirá -o cuando menos generará- una demanda proclive a prolongar los años de actividad en tareas económica o socialmente productivas. Además, del mismo modo que el sistema de Seguridad Social precisará la adopción de otras muchas decisiones que contribuyan a su permanente saneamiento y a garantizar un fondo de reserva suficiente, resultaría un intento vano pensar en la prolongación de la edad activa si no se adoptan iniciativas tendentes a que la media de edad de jubilación se acerque realmente a los 65. Por decirlo en otros términos, trabajar hasta los 65 no es sólo una obligación de quien quiera hacerse acreedor al máximo de la pensión para la que haya cotizado. También constituye una aspiración legítima que ha de estar presente tanto en las modalidades de contrato laboral y en la regulación de la actividad de los autónomos, como en la cultura de las empresas y del conjunto del tejido productivo.