Zapatero intenta atenuar el coste político de la jubilación a los 67 años

El Gobierno insiste en que los trabajadores tendrán que jubilarse a los 67 años pero intenta atenuar el coste político de la medida. A última hora de ayer habían desaparecido del documento que llegará a Consejo de Ministros el cómo y el cuándo de la aplicación de la reforma. El presidente José Luis Rodríguez Zapatero quitó la concreción inicial, que marcaba su vigencia a partir de 2013. En la decisión del jefe del Ejecutivo ha influido el profundo malestar que la precisión de la propuesta provocó entre los diputados del Pacto de Toledo, incluidos los socialistas. Sus señorías rechazan los proyectos oficiales cerrados que no les dejan margen de maniobra.

El Ministerio de Economía había defendido que los planteamientos del Gobierno fueran lo más detallados posible para su pronta aplicación. Pero Zapatero cambió la redacción y vinculó el retraso de los 65 a los 67 años a un periodo de tiempo «razonable», en sintonía con la evolución del sistema de protección social. No obstante, fuentes del propio Ejecutivo no descartaban nuevos cambios a primera hora de hoy o, incluso, en la mesa del Consejo de Ministros.

Los miembros del Gobierno consultados mantuvieron cautela. Los más atrevidos, José Blanco, responsable de Fomento, y Celestino Corbacho, de Trabajo e Inmigración, se limitaron a reconocer que está en los planes del Ejecutivo posponer la edad legal de jubilación. «Con el actual sistema, las pensiones están garantizadas hasta el año 2030 por el fondo de reserva» pero «si queremos que en un futuro tengan las misma sostenibilidad y fortaleza que hoy es preciso prever reformas», afirmó Corbacho desde Barcelona, donde preside la reunión de ministros europeos del ramo.

La posibilidad de alargar dos años la vida laboral para acceder a la jubilación disparó las críticas y descalificaciones de la oposición política, mientras que CC OO y UGT prefirieron esperar a conocer oficialmente la propuesta del Gobierno para dar su opinión. Ya es sabido que la patronal CEOE comparte la idea del Ejecutivo.

Tanto para el Partido Popular (PP) como para Izquierda Unida (IU), el retraso de la edad de jubilación es una auténtica «barbaridad». El diputado del PP Tomás Burgos remarcó que se trata de la iniciativa «más dura e impopular de todas cuantas se han aprobado en relación con nuestro sistema de pensiones». «Creemos que no conseguirá convencer a los grupos políticos ni a los sindicatos para que se apruebe la propuesta», añadió.

Para Burgos, no tiene sentido retrasar la jubilación cuando la edad real del 45% de los trabajadores que se retira no llega a los 65 años. «Una vez más el Gobierno nos ha mentido. Zapatero, en su comparecencia de la Ley de la Economía Sostenible, habló de potenciar la vida laboral con incentivos para las personas que desean trabajar más allá de los 65 años, en sintonía con la esperanza de vida. Esto no supone modificar la edad legal de jubilación, sino mejorar los instrumentos que tiene el sistema para avanzar en la edad efectiva», resaltó.

En términos similares se expresó el diputado de IU Gaspar Llamazares. «Si la propuesta del Ejecutivo se hace realidad -explicó- será el peor golpe recibido por nuestro modelo social en todo el periodo de gobierno de Zapatero». A su juicio, es, además, un «planteamiento injusto» porque el incremento del trabajo lo pagarán las clases menos favorecidas, que verán mermados sus años de jubilación. Llamazares recordó que informes internacionales reflejan que los obreros sin cualificación viven 10 años menos que los trabajadores con estudios. «Es decir, su calidad de vida disminuirá a favor de los profesionales que más han cobrado durante su carrera laboral», advirtió.

Burgos y Llamazares expresaron su sorpresa ante la iniciativa del Gobierno. Ambos aseguraron «no entender nada», dado que el Gobierno «por activa y por pasiva no hace nada más que resaltar la buena salud financiera de la Seguridad Social».