Las pensiones de viudedad se retocarán con la reforma que busca retrasar la jubilación

La reforma de las pensiones que ha debatido el Consejo de Ministros de este viernes va mucho más allá de retrasar la edad de jubilación a los 67 años. También busca retocar el cálculo de la pensiones. Se hará por periodos de cotización reales cuando hasta ahora se hacía sobre las bases reguladoras de los últimos 15 años.

Los cambios también van a afectar a las pensiones de viudedad y orfandad. Las primeras podrían desaparecer en casos muy concretos: las familias sin hijos y con poco tiempo de conviviencia dejarían de recibir una pensión vitalícia y obtendrían un único pago compensatorio. En las de orfandad se pretende aplicar cambios para reconocer los mismos derechos a todos los descendientes.

En cuando al punto de la reforma que ya se había filtrado, el retraso de la edad de jubilación a los 67 años, el proyecto del Gobierno establece que la extensión en dos años se hará de forma paulatina entre 2013 y 2025, de modo que en este último año todos los trabajadores se retiren legalmente a los 67 años. A partir de entonces sólo podrá haber jubilación a los 65 años si el beneficiario asume los costes. En caso de prejubilación, serán las empresas con beneficios las que corran con su coste. El texto recoge que los becarios de posgrado y las empleadas del hogar deberán empezar a cotizar, al margen de los horarios.

La reacción de los sindicatos a estos cambios se ha centrado hasta el momento en el retraso de la edad de jubilación. El secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, ha anunciado el "rechazo frontal". Desde UGT, Cándido Méndez ha advertido que esta medida no sirve a largo plazo para garantizar las pensiones.

Los argumentos del Gobierno

El documento con la reforma que ya ha recibido el visto bueno del Consejo será enviado ahora a la patronal CEOE y a las centrales sindicales, con los que el Gobierno tiene abierta una mesa de diálogo social tripartita para reformar el mercado laboral y el de las pensiones. También será remitido a la Comisión del Pacto de Toledo para su debate.

En la rueda de prensa posterior a la reunión ministerial, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ha explicado que el objetivo es "garantizar la sostenibilidad de las pensiones en 2030" ante el "reto" del envejecimiento de la población. El ánimo del Ejecutivo, precisaba la 'número dos', será buscar el "máximo consenso".

Según ha expuesto, "hay que trabajar desde hoy por los pensionistas de mañana", al tiempo que precisaba que la implantación será progresiva, "no afectará a los actuales pensionistas y fija el final del camino en los 67 años". Para defender estos cambios De la Vega ha recordado iniciativas de otros países europeos como Holanda y Alemania, que también han acometido reformas en sus sistemas de pensiones. La vicepresidenta primera ha resaltado la "buena salud" financiera de la Seguridad Social, pese a la crisis económica, y ha recordado que el Fondo de Reserva asciende a más de 60.000 millones de euros, y que se verá incrementado con otros 2.000 millones en "las próximas semanas".