Otro año de trámites para salvar Las Aletas

El proyecto de construcción del polígono de las Aletas, en Puerto Real, sufrirá ajustes y algunas modificaciones para poder cumplir con los requisitos legales que advierte el Tribunal Supremo en la sentencia que ha paralizado la obra. El informe de la Abogacía del Estado, adelantado ayer por este periódico, detalla los puntos claves a corregir y marca además los criterios que se deben seguir para subsanar los defectos de forma detectados tras el recurso presentado por la organización ecologista Adena contra la obra del que será el tercer parque empresarial de Andalucía.

El informe de la Abogacía del Estado es un documento de gran complejidad, sobre el que se guarda un secreto absoluto. Existen un par de copias, para reservarlo hasta que se presente el próximo viernes al Consejo Económico y Social.

Los servicios jurídicos del Estado reconocen en sus conclusiones que es «factible» salvar el polígono. No obstante, la tramitación para adaptar el proyecto a las exigencias legales implica otro año de gestiones administrativas. No está definido aún el trámite que habrá de seguir el asunto, aunque es evidente que deberá volver a la mesa del Consejo de Ministros

Ajustes urbanísticos

Las obras en Las Aletas comenzaron el pasado septiembre después de una década de papeleos entre la Junta y el Gobierno central. Sin embargo, el Tribunal Supremo frenó los trabajos el 19 de octubre al dar la razón a los ecologistas ante una importante actuación urbanística en terrenos de dominio público marítimo terrestre. El Alto Tribunal consideraba en su fallo, entre otras razones, que no estaba justificado con detalle el interés social de este proyecto y menos aún su ubicación en una amplia zona de marismas.

La sentencia del Supremo obligó al Consorcio de Las Aletas, formado por representantes de las administraciones públicas, a poner el asunto en manos de la Abogacía del Estado con el fin de buscar una solución para salvar un proyecto clave para el desarrollo económico de la Bahía de Cádiz. Los letrados se han pronunciado tres meses después y han dado esperanzas a los agentes sociales de la provincia. El consejero de Gobernación, Luis Pizarro, se mostró satisfecho ayer con las conclusiones jurídicas, aunque reconoció que habrá que introducir cambios en el proyecto. En la misma línea se pronunció también el consejero de Empleo y vicepresidente del Consorcio de las Aletas, Antonio Fernández, que aclaró que «no hay ningún impedimento para sacar adelante el complejo». En este sentido, aclaró que «habrá que garantizar el respeto medioambiental en la zona».

Las Aletas se ha concebido como el nuevo centro logístico de Andalucía con una previsión de 30.000 empleos. El parque empresarial se asentará sobre 527 hectáreas en el municipio de Puerto Real, de las que 280 están afectadas por la sentencia del Supremo al estar en zona de dominio público.

La Abogacía del Estado en su informe establece que los gestores del proyecto tendrán ahora que argumentar los motivos que han llevado a elegir este emplazamiento y no otro para ubicar el complejo. Así, el criterio pasa por demostrar que los terrenos de Las Aletas se ubican en un triángulo cohesionado por infraestructuras ferroviarias, portuarias y terrestres. El presidente de los empresarios gaditanos, Miguel González Saucedo, lamentó ayer que el Supremo no haya tenido en cuenta en su fallo que se trata de un suelo baldío, «pero con buenos accesos para la logística empresarial».

La Abogacía del Estado incide también en el interés social del proyecto. El Consorcio tendrá ahora que aportar documentación suficiente que avale que el futuro laboral y económico de la provincia depende de su puesta en marcha. Para ello, será necesario informar del tipo de empresas, de sus actividades, además de su ubicación.

La implantación de las empresas y las infraestructuras necesarias son el punto más espinoso que destaca el informe jurídico. Distintas fuentes consultadas ayer por LA VOZ apuntan a que habrá que mover algunos de los emplazamientos iniciales para salvaguardar el perímetro de servidumbre de la zona de dominio público marítimo terrestre.

Esta variación obliga a mejorar el planeamiento urbanístico. El trámite, por tanto, se antoja lento y complicado.

Por su parte, el secretario provincial de CC OO, Manuel Ruiz, destacó ayer al conocer los primeros detalles del informe de la Abogacía del Estado que, a partir de ahora, habrá que acelerar los procesos. La inauguración de la primera fase del centro logístico se había previsto para 2011, pero el revés judicial y la adaptación ahora del proyecto a los requisitos legales lo colocan en el horizonte 2013.

La Abogacía del Estado ha puesto a cero el contador de Las Aletas.