El juez avala las escuchas de 'Gürtel'

Las escuchas de las conversaciones entre los principales acusados del 'caso Gürtel' y sus abogados en la cárcel de Soto del Real fueron «lícitas», «estaban justificadas» y fueron «respetuosas con el derecho de defensa». Así lo asegura el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Antonio Pedreira, quien ayer avaló los 'pinchazos' autorizados por el anterior instructor del sumario, Baltasar Garzón, y rechazó de plano anular las actuaciones reclamaban los abogados de los cabecillas de la trama.

Pedreira «desestima íntegramente» los recursos de reforma interpuestos por los abogados José Luis Izquierdo y Javier Nombela Olmos, quienes, además de pedir que se anulara buena parte de la investigación, habían reclamado que desaparecieran del sumario sus conversaciones telefónicas y en los locutorios de la cárcel con los tres responsables del entramado de empresas del 'caso Gürtel': Francisco Correa, Pablo Crespo y Antoine Sánchez.

Ahora, el magistrado avala esas intervenciones telefónicas y grabaciones, que fueron autorizadas por Garzón el 19 de febrero de 2009 y posteriormente prorrogadas por el propio Pedreira. Según el instructor, los abogados recurrentes intentan una «maniobra inaceptable» al tratar de «obtener provecho procesal» y «confundir» con sus escritos.

El juez sostiene que los letrados eran conscientes de que sus recursos se basan en el artículo 51 de la Ley Orgánica General Penitenciaria (el que permite las escuchas de conversaciones con letrados «con autorización judicial y en supuesto de terrorismo») que es de menor prevalencia que el 579 de la Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal. Esta norma, de manera genérica, autoriza a los jueces «la intervención de las comunicaciones telefónicas del procesado, si hubiere indicios de obtener por estos medios el descubrimiento o la comprobación de algún hecho o circunstancia importante de la causa». Y todo ello, explica el instructor, sin que la ley distinga «por razón de destinatario de la comunicación -abogado o no- ni de la naturaleza del delito -terrorismo o no-».

Para el instructor del 'caso Gürtel' está claro que si el «legislador» hubiera querido limitar las escuchas a los terroristas y sus abogados lo hubiera hecho en la ley de Enjuiciamiento y no en la normativa penitenciaria. Con este argumento, Pedreira rechaza la pretensión «absolutamente improcedente» de los defensores, quienes planteaban que, dada la ilicitud de esa prueba, se debía anular toda la investigación -el juez la denomina «doctrina de los frutos del árbol emponzoñado»-.

«Indicios sólidos»

Pedreira insiste en que la «medida estaba justificada» y que no se adoptó de forma «arbitraria» porque «existían indicios sólidos» de que los imputados seguían cometiendo delitos desde la cárcel, al intentar ocultar los fondos evadidos a través de órdenes a sus abogados.

«El letrado que usa el teléfono para comunicarse con sus clientes que lo tienen intervenido no puede pretender un trato privilegiado que extienda el secreto a estos extremos», recrimina el instructor, quien compara estas escuchas con el registro de cualquier despacho de abogados bajo sospecha.

Los polémicos diálogos, hechos públicos en octubre tras el levantamiento parcial del secreto del sumario, sacaron a la luz las principales estrategias de defensa de los cabecillas de la red de favores y dádivas y revelaron maniobras para obstaculizar la acción de la justicia. En uno de estos pinchazos, Crespo, por ejemplo, daba instrucciones para opacar los fondos de la organización en Suiza y esconder documentos comprometedores sobre una supuesta financiación irregular del PP gallego. En otra intervención, el propio Correa ordenaba a los letrados coordinar las declaraciones de los imputados e insinuaba a sus abogados que plantearan como línea de defensa que el famoso 'pen drive' (el archivo con la contabilidad B de la trama) era un «montaje» del ex concejal del PP en Majadahonda José Luis Peñas, el edil que denunció ante Anticorrupción la existencia de la red 'Gürtel'.

Tras conocerse el contenido de las conversaciones, el Colegio de Abogados de Madrid y el Consejo General de la Abogacía Española hicieron una defensa cerrada de los letrados y pidieron la nulidad de buena parte del sumario.