Deber de Estado

La detención por la Ertzaintza de cinco presuntos integrantes de ETA ha vuelto a demostrar que la actuación policial y judicial está mermando muy seriamente la capacidad operativa de los terroristas, conduciéndoles a un callejón cuya única salida es el desistimiento. Hace ya años que ni los apologistas de la violencia ni sus intérpretes se atreven a esgrimir la imbatibilidad de ETA como argumento para presentar la negociación política con la banda como algo inexorable. Si acaso se refieren a una salida dialogada con el propósito de salvar el macabro honor de los terroristas, que saben que están abocados a una derrota irremisible. El hecho de que hayan sido la división antiterrorista de la Policía autónoma vasca y sus unidades de investigación las responsables del desmantelamiento de esta presumible célula de ETA se ha convertido en noticia al ser la primera intervención de la Ertzaintza en mucho tiempo. El mandato estatutario hace de este Cuerpo una policía integral, y confiere al Gobierno vasco la obligación de velar por la seguridad de los ciudadanos de Euskadi. Obligación que frente a ETA se convierte en una responsabilidad de Estado. De manera que esta última actuación debería interpretarse no como el resultado de un determinado impulso político, sino como la conclusión de una tarea desarrollada en cumplimiento del propio deber policial bajo la supervisión judicial correspondiente.