Zapatero avisa a los barones de que en el debate nuclear sólo primará el consenso

Consenso, consenso, consenso. Es la palabra a la que ayer se agarró José Luis Rodríguez Zapatero para apaciguar los ánimos de los dos barones socialistas, José Montilla y José María Barreda, que rechazan la ubicación en sus territorios del almacén de residuos nucleares. El presidente del Gobierno afirmó que el «principio de responsabilidad» obliga a su gabinete a buscar la máxima concertación entre todas las instituciones, pero fuentes gubernamentales afirman que no se prevé una «intervención directa» para persuadir a los presidentes autonómicos de las bondades del proyecto.

La vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, fue mucho más clara. La decisión final, avisó, tendrá en cuenta criterios técnicos y no políticos. Dicho de otro modo, estará fundamentada «más en el análisis y el rigor que en el temor y la especulación».

En realidad, lo que Zapatero buscaba con sus palabras era un mero efecto balsámico. Él mismo aseveró, durante una rueda de prensa con el primer ministro noruego, Jens Stoltenber, que el Gobierno «va a seguir adelante» con el procedimiento que ha establecido. Y ese procedimiento, publicado en el BOE el pasado 29 de diciembre, da todo el protagonismo a los municipios -por encima de las comunidades- para presentarse como candidatos a albergar la instalación.

Los Gobiernos autonómicos entrarían sólo en una fase ulterior. Tienen potestad para plantear alegaciones, pero en igualdad de condiciones con las autoridades provinciales o las asociaciones de diversa índole. El secretario de Estado de Energía, Pedro Luis Marín, advirtió durante una visita a la planta holandesa que servirá de modelo a la española de que su criterio «se tendrá en cuenta según el peso que determina para cada quien el proceso». Y Fernández de la Vega volvió a subrayar desde Santander que los gobiernos locales deben poder adoptar «con libertad» la decisión que consideren oportuna.

No es un planteamiento que esté dispuesto a aceptar el presidente de Castilla-La Mancha. Barreda solicitó ayer la convocatoria de un pleno extraordinario en las Cortes castellano-manchegas para instar al alcalde de Yebra (Guadalajara) a revocar la decisión de su ayuntamiento. No queda ahí la cosa porque también anunció que los servicios jurídicos de la Junta estudian recurrir el acuerdo plenario del Ayuntamiento de Yebra. «Existen -alegó- indicios fundados para considerar que es nulo de pleno derecho por razones de fondo y forma», informa Juan Vicente Muñoz.

Sólo si Yebra se resistiera a estas presiones y mantuviera su intención de acoger el ATC, Barreda actuaría por los cauces procedimentales. Se acogería, según explicó, a la proposición no de ley que aprobó la comisión de Industria del Congreso el 27 de abril de 2006, en la que se estableció que las comunidades podrían presentar «propuestas limitadas de localización de entre las candidaturas locales que hayan manifestado su interés» y se concluía que el Ejecutivo central designaría el emplazamiento «en adecuada concertación con las comunidades autónomas y municipios candidatos».

El presidente de la Generalitat, que impulsó la creación de los almacenes temporales centralizados (ATC) de residuos radiactivos cuando fue ministro de Industria, ha adoptado por el momento un perfil más sosegado en este debate. A pesar de que el lunes se pronunció con claridad en contra de que la planta vaya a parar a Cataluña, su oposición es tranquila.

Ascó, candidata

Su Gobierno enviará un escrito formal al Ministerio de Industria, en el que comunicará su posición después de que el Ayuntamiento de Ascó acordase ayer, entre gritos y abucheos, sumarse a Yebra y presentar su candidatura. Hasta la fecha, el municipio alcarreño y el tarraconense son los únicos aspirantes. El plazo de inscripción acaba el viernes.

Si finalmente el Gobierno central se decantara por Cataluña, la Generalitat tomará medidas, aunque el vicepresidente, Josep Lluís Carod-Rovira, no quiso concretarlas. «Daremos todos los pasos posteriores para intentar, por la vía de la legalidad, que la decisión tomada en solitario por el ayuntamiento de Ascó no pueda convertirse en realidad». «Cataluña ya ha pagado su cuota de solidaridad en lo que se refiere a la energía nuclear», concluyó.

Este último argumento también ha sido esgrimido por el gobierno castellano-manchego. Se da la paradoja de que uno de los requisitos acordados por el Congreso para albergar la instalación es, precisamente, que el municipio en cuestión esté cerca de una central nuclear («a menos de 10 kilómetros de la superficie municipal o a menos de 20 del núcleo poblacional»).