«No podemos esperar más»

«Es una situación desesperante. Y queremos una solución definitiva, pero ya». Así de tajante se manifestó José Chamizo, el Defensor del Pueblo, en referencia a los vecinos que residen en la barriada marginal José Antonio y que llevan cinco años demandando «una vivienda digna». Chamizo anunció que la Empresa Pública de Suelo de Andalucía (EPSA) se ha comprometido a sacar a licitación las obras en febrero. La presidenta de la asociación de vecinos, Fali Fernández, anunció que de no ser así, protestarán «como leones y donde haga falta». El Defensor mantuvo un encuentro con los vecinos en el que les comunicó que la gerencia de la EPSA ha anunciado que las obras serán licitadas el mes que viene. Se trata de una promoción de unas 130 VPO en el entorno de la ermita de Santa Clara, frente a la propia barriada José Antonio, donde 44 familias obtendrán un piso.

«Un calvario»

«Antes éramos más, pero en todo este tiempo han fallecido quince vecinos ancianos. Nosotros seguimos padeciendo el calvario». Fali Fernández explicó que antes de Navidad se reunieron con el delegado provincial de Vivienda, Lucrecio Fernández y con el delegado del Gobierno de la Junta, Gabriel Almagro. «Los dos nos dijeron que no había fecha de inicio para las obras y nosotros no dimos crédito. Así que decidimos llamar al Defensor». Según Fernández, los motivos alegados fueron, por un lado, la necesidad de efectuar catas arqueológicas, por los restos de la Edad Media hallados junto a la ermita, y por otro, el deseo de solicitar una ayuda al Gobierno central para la construcción de viviendas protegidas. «Pero la primera excusa fue la vía pecuaria, el acuerdo con ADIF, y después la licencia de obras. Decían que tres meses después de que el Ayuntamiento la concediera la licencia de obras empezarían».

Dicho requisito fue resuelto el pasado 29 de noviembre, después de un prolongado tira y afloja entre ambas administraciones a cuenta del cumplimiento de los trámites administrativos. Fuentes de la delegación provincial de Vivienda recordaron esta circunstancia, al mismo tiempo que confirmaron las palabras de Chamizo y reiteraron que en febrero se iniciará el procedimiento de contratación y que debe publicarse en el Boletín de la Unión Europea. «Las promesas se han ido frustrando y esta situación tiene que acabar de una vez por todas. No podemos esperar más». Chamizo aseguró que «ejercicios de paciencia como estos hay muy pocos» y añadió que «visto lo visto, por el historial de promesas... está por ver que cumplan, aunque esta vez el defensor estará muy pendiente». A su juicio, las catas arqueológicas ya se deberían haber efectuado. «Y si eso va a retrasar las obras, que busquen otro solar porque estas personas están viviendo en condiciones infrahumanas».

Al tráfico de drogas que aseguran padecer «con entre 15 y 20 puntos de venta» se añaden los problemas en la estructura de las viviendas, que el propio temporal está agravando. «Operarios de la Junta hicieron algunos arreglos hace tres meses y dijeron que volverían pero no han aparecido más».