La Junta crea un organismo propio para desatascar los juzgados de lo contencioso

La Junta de Andalucía contará con un tribunal especializado que resuelva por vía extrajudicial los litigios de los ciudadanos con la administración autonómica o en el seno de esta. Este futuro Tribunal Administrativo de Andalucía está previsto que alivie el colapso existente tanto en los juzgados como en las salas de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), según explicó ayer la consejera de Justicia y Administración Pública, Begoña Álvarez, al informar del inicio de los trámites del proyecto de ley que creará el mencionado órgano.

Los ciudadanos podrán acudir a este tribunal en lugar de hacerlo a la vía judicial con la garantía de que la resolución tendrá la misma garantía jurídica, pero lograrán que la decisión sobre su conflicto sea más rápida. Al tiempo de agilizar los trámites, servirá también de filtro a las salas de lo contencioso administrativo. De esta forma, el futuro organismo se presenta como una solución complementaria a la creación de juzgados para descongestionar el sistema judicial.

Begoña Álvarez explicó que Andalucía será la primera comunidad autónoma en poner en marcha un organismo de este tipo, aunque existe un antecedente de carácter provincial en Navarra. Comparando los resultados en esta comunidad, el mencionado tribunal podría ayudar a reducir hasta diez mil litigios de los juzgados andaluces. Álvarez recordó que en las salas de lo contencioso se puede llegar a esperar hasta tres años en ver resuelto un conflicto con la administración.

¿Cómo funcionará? Álvarez explicó que el Tribunal Administrativo contará con tres sedes -en Málaga, Granada y Sevilla-, correspondientes a las tres salas de lo contencioso administrativo del TSJA. A su frente estará un presidente o presidenta nombrado por el Consejo de Gobierno y con rango de director general. Este deberá ser funcionario de carrera y contar con más de diez años de experiencia como jurista. También a los vocales se les exigirá cinco años de experiencia.

Este tribunal, de naturaleza imparcial e independiente de las estructuras administrativas en las que se producen los actos y resoluciones recurridas, tratará litigios referidos a asuntos de función pública, procedimientos sancionadores, concesiones y contratos administrativos, responsabilidad patrimonial y otorgamiento de subvenciones. También se atribuirá la competencia para resolver el recurso especial en materia de contratación.

Los ciudadanos podrán recurrir a este tribunal de forma gratuita. Begoña Álvarez añadió que el nuevo organismo solventará los recursos interpuestos aplicando los mismos criterios que los órganos judiciales. La consejera indicó que se fijará un plazo máximo de dos meses para la resolución. Además, hará un seguimiento de la misma. El tribunal tratará asuntos relacionados con la administración autónoma, pero podrá también resolver los de caracter municipal mediante convenios con los entes locales.

Sin papeles

Otra gran novedad encaminada a proporcionar mayor agilidad en el trámite es que el Tribunal Administrativo será un organismo «sin papeles». Es decir, todo el procedimiento se llevará a cabo vía telemática. En este sentido, Begoña Álvarez adelantó que al mismo tiempo que se elabore y tramite la ley se creará toda la estructura informática necesaria para que, una vez que comience su trabajo, el proceso sea totalmente por vía telemática. La consejera señaló que está previsto que el organismo comience a funcionar en 2011.

Álvarez insistió en que esta fórmula sigue las tendencias europeas, en el sentido de que plantea «soluciones distintas para resolver conflictos fuera de lo jurisdiccional». Recordó que tanto la Ley de Administración de la Junta como la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común prevén la posibilidad de sustituir los recursos administrativos por otros procedimientos de reclamación ante órganos independientes con respeto a los principios, garantías y plazos legales.

El borrador de la ley, conocido ayer por el Consejo de Gobierno, ha sido redactado por una comisión de expertos juristas tanto de la Junta como del TSJA.