La provincia en FITUR 2010

Entre los días 20 y 24 de enero se ha celebrado en Madrid una de las ferias más importantes del sector turístico y con mayor poder de convocatoria, la Feria Internacional de Turismo (FITUR), en la que se han dado cita más de 11.000 empresas procedentes de más de 170 países.

En la edición actual, como en las anteriores, la provincia de Cádiz ha acudido para dar a conocer al mercado sus atractivos turísticos, pero, a diferencia de lo ocurrido en las últimas ediciones, y como consecuencia de la crisis económica actual, diversos municipios y mancomunidades de la provincia han optado por limitar o reducir su presencia en esta feria internacional de turismo.

Así, este año la provincia ha concurrido únicamente con tres expositores: dos pertenecientes, respectivamente, a los Ayuntamientos de Cádiz y de El Puerto de Santa María, con presentación individualizada de sus ofertas turísticas, y un tercer expositor, correspondiente a la Diputación de Cádiz, que ha promocionado a la provincia con una oferta provincial, en la que han estado representados todos los municipios y mancomunidades.

Pues bien, más allá de las limitaciones presupuestarias actuales, y de cara a próximas ediciones de ésta y de otras ferias turísticas, habría que plantearse la conveniencia de elegir el modelo más óptimo para dar a conocer nuestra riqueza turística: bien con una oferta única en la que se combinen todas las ofertas municipales y mancomunadas de la provincia, o bien con estrategias individualizadas.

Dos razones avalan la opción de la oferta única y coordinada. En primer lugar, el sector turístico de la provincia no sólo se enfrenta a las consecuencias derivadas de la crisis económica, sino a otros problemas como la estacionalidad o la competencia derivada de los avances tecnológicos en marketing turístico, cuyo desarrollo ha hecho posible que hasta el lugar más pequeño y recóndito del mundo pueda darse a conocer a través de la Red.

En un entorno tan globalizado y con una oferta turística tan saturada a nivel internacional, una excesiva individualización de la oferta en un espacio tan pequeño como la provincia de Cádiz resulta contraria a los principios de eficacia y de eficiencia.

En segundo lugar, en un mercado atomizado como es el turístico, en el que existen tantas marcas competidoras, poco sentido tiene llevar a cabo una actuación individualizada por parte de cada uno de los municipios o mancomunidades que integran la provincia. ¿No sería más rentable aunar esfuerzos, llevando a cabo una actuación conjunta y estable en materia de turismo por parte de todos los municipios de la provincia de Cádiz?

Es cierto que Cádiz es una provincia enormemente rica y diversificada en lo que a recursos e infraestructuras turísticas se refiere, lo que viene demostrado por la población, el clima, la historia, la arquitectura, la gastronomía, las fiestas tradicionales o la calidad de vida, lo que da lugar a un amplio abanico de modalidades turísticas.

Sin embargo, no basta con tener buenos productos y servicios para atraer turistas en un entorno caracterizado por la fuerte competencia entre destinos que, en algunos casos, ofrecen características similares. Antes bien, es preciso diseñar efectivas estrategias de marketing, identificar sus recursos e infraestructuras para atraer inversión, residentes y turistas, y contribuir, de esta manera, a mejorar la economía de la provincia. Sólo aquellos destinos que adopten una estrategia actualizada y visible a nivel internacional podrán afrontar los cambios del entorno y aprovechar las oportunidades futuras.

En síntesis, consideramos que la creación de una oferta única, que simultáneamente realce los valores que la diferencian, junto a la búsqueda de un nuevo posicionamiento que sitúe a toda la provincia en un lugar más visible en el mercado internacional, son los dos factores clave para la planificación estratégica del turismo gaditano. La provincia de Cádiz, como destino turístico diversificado pero único, tiene que saber potenciar sus fortalezas armonizando y definiendo una estrategia coordinada en la que se impliquen el sector público y el sector privado, tanto a nivel local como provincial, con el objetivo común del aumento del empleo y de la inversión en una de las provincias social y económicamente más castigadas de España.