La calle marca el paso

PSOE y PP han perdido la iniciativa política. Ahora manda la calle. Los dos partidos mayoritarios se han visto arrastrados a debates espinosos, de fácil penetración social y consecuencias arriesgadas en vísperas de la contienda electoral que, previsiblemente, tendrá lugar el próximo otoño en Cataluña. Los socialistas afirman que la oposición se ha entregado con alegría e irresponsabilidad a la polémica por temor, en parte, a que el electorado de derechas se desenganche. Pero también entran al trapo. Uno y otro se enfrentan ahora a sus propias contradicciones.

Residuos nucleares

PSOE: Diferencias

La ubicación del almacén de residuos radiactivos se ha convertido en una auténtica patata caliente para todos los partidos y el PSOE no es una excepción. Los socialistas sostienen que si las elecciones autonómicas no estuvieran tan cerca otro gallo cantaría.

La secretaria de Organización del partido, Leire Pajín, y el portavoz parlamentario, José Antonio Alonso, centraron ayer la atención en las contradicciones internas que el asunto del Almacén Temporal Centralizado ha causado en el PP, formación abiertamente pronuclear. Pero en sus propias filas las disonancias son importantes. El PSOE tiene claro, según Pajín, cuál es su objetivo: «ir sustituyendo la energía nuclear por energías alternativas». Sin embargo, esa apuesta no contenta a todos los socialistas. El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, aprovechó una entrevista en Punto Radio para dejarlo claro que era «más bien proclive» a la nuclear.

La ministra de Medio Ambiente, Elena Espinosa, defendió a su vez que la decisión corresponde a los ayuntamientos, que son quienes tienen competencia en la materia. «Desde el Gobierno debemos respetar las decisiones que tome un ayuntamiento», dijo.

PP: Que decida el Gobierno

La secretaria general de los populares, Dolores de Cospedal, interrogada sobre el lugar más adecuado para los almacenes de residuos, se limitó a contestar que la elección de la ubicación final de la planta es una decisión que compete en exclusiva al Gobierno. Ni el PP tiene interés en desgastarse con esta polémica ni mucho menos Cospedal, que se ha visto salpicada por la guerra desatada entre el alcalde popular de Yebra (Guadalajara) y los responsables provinciales del partido, que han abierto un expediente al regidor. La bronca afecta a Cospedal por partida doble, como número dos del partido y presidenta del PP en Castilla-La Mancha. La dirigente opositora se desentendió ayer del conflicto, negó haber dicho que iba a expulsar al alcalde díscolo y al menos en media docena de ocasiones rechazó decir si Yebra le parecía buena o mala ubicación para el almacén. «¡Que decida el Gobierno!», insistió.

La dirección del PP se limitó a confirmar su apuesta por la energía nuclear en España y a considerar necesaria la construcción de un almacén temporal de residuos nucleares. Cospedal aseguró que pese a que su partido negocia un pacto de Estado sobre energía con el Gobierno, «todas las actuaciones que el Ejecutivo realiza sobre la planta de residuos las está haciendo al margen del PP».

Inmigrantes sin papeles

PSOE: Control e integración

Los socialistas se vieron arrastrados a sacar pecho con la eficacia policial contra la inmigración irregular en 2008, cuando el PP hizo del asunto uno de los temas centrales de su campaña electoral. Siempre han reconocido que el debate les hizo daño porque cala en el ciudadano de a pie. El resultado es que el Gobierno ha virado su posición y de hacer hincapié en la integración ha pasado a hacerlo en el control.

«En este país el caos y la irregularidad nos los encontramos cuando llegamos al poder», adujo Leire Pajín. Según su criterio, los populares se dedicaron a «mirar para otro lado» en la esperanza de que la inmigración desapareciera y el resultado fue que muchos extranjeros acabaron en la economía sumergida. En todo caso, se felicitó de que en España se haya demostrado que «no existe fractura social» como en otros países europeos.

Rubalcaba, mientras, presumió de que el control de las fronteras es ahora «más serio y más estricto», de que hay «más policías, más guardias civiles y más tecnología» y de que los mecanismos de expulsión, sobre todo para delincuentes reincidentes, funcionan bien. Y el presidente de la Generalitat, José Montilla, se despachó con un «a los inmigrantes conviene tenerles localizados» para replicar a la polémica sobre el padrón. Aún así, los socialistas tratan de mantener su discurso social. El ministro del Interior admitió que quizá sea conveniente hacer la vista gorda cuando se trata de inmigrantes con empleo o cierto arraigo. «Antes que detener a esa persona -dijo tras poner el ejemplo de un asistente de ancianos- hay muchísimas prioridades que atender».

PP: Reforma de la ley

El PP y el comité de alcaldes del partido firmaron ayer un comunicado en el que exigen al Gobierno la inmediata reforma y endurecimiento de la ley de Extranjería -que fue modificada en el Parlamento el otoño pasado-, con el principal objetivo de regular de forma «clara» los derechos y libertades que asisten a los extranjeros que viven en España y de que «sea diferente la (regulación de derechos) de los extranjeros con residencia legal de la de los extranjeros sin residencia legal». Reclaman que esta decisión «no se haga depender de un alcalde o del empadronamiento, cuando además existen importantes contradicciones en la legislación».

La dirección popular anunció que volverá a llevar una propuesta de reforma al Congreso que contemplará: la prohibición por ley de las regularizaciones masivas; mayor control de fronteras; mecanismos para garantizar la igualdad de derechos a través de fórmulas como el contrato de integración para los residentes; medios para hacer efectivas las órdenes de expulsión; una regulación más rigurosa en la concesión de permisos de residencia por arraigo; y, por último, mecanismos de expulsión a aquellos extranjeros con penas de más seis años una vez cumplida la condena.

Cadena perpetua

PSOE: Inconstitucional

La propuesta del dirigente popular Javier Arenas de abrir un debate sobre la cadena perpetua fue otro de los grandes temas de discusión de la dirección del PSOE, aunque en este caso los socialistas tienen a mano una respuesta de libro. El primero en recordarlo fue, de nuevo, Rubalcaba quien recordó que la Constitución lo impide. De ahí que Pajín retara al primer partido de la oposición a que presente una enmienda en este sentido durante la tramitación de la reforma del Código Penal en el Congreso.

Rubalcaba también se mostró persuadido de que tras esta idea no hay más que «populismo barato» por temor a perder el electorado de extrema derecha. El ministro del Interior consideró que el sistema de penas español es el «más duro de Europa» y que algunos juristas consideran que recoge una cadena perpetua encubierta.

PP: Que se debata

La secretaria general del PP respaldó las declaraciones de Javier Arenas, en las que se mostró partidario de llevar al Parlamento el debate sobre la cadena perpetua. Indicó que el PP aún no tiene propuesta cerrada sobre este tema, pero que es un asunto sobre «el que se debe hablar porque está en la calle». «Hasta ahí llegamos», concluyó.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, también terció en la polémica para mostrarse partidaria de esta medida para delitos de gravedad «en los casos en los que se sabe que no hay ningún arrepentimiento ni posibilidad de reinserción en la sociedad». «Aceptando la revisión de la condena cada equis años, no hay por qué descartar la cadena perpetua», indicó la gobernante madrileña.