El Gobierno pone sobre la mesa 300 millones para bonificar el empleo

El Gobierno pondrá encima de la mesa del diálogo social tripartito casi 300 millones de euros para el fomento del empleo de jóvenes, discapacitados y mujeres afectadas por la violencia de género. Será el primer paso para cambiar el sistema de bonificaciones laborales, cuyos resultados dejan mucho que desear después de absorber 3.000 millones de euros. El titular de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, dio la noticia en el Congreso de los Diputados, donde escuchó fuertes críticas desde la oposición, que alcanzaron su punto crítico con las palabras de José Ignacio Echániz, del PP, quien tildó al ministro de «cobarde» por no atreverse a cuantificar el aumento del paro en los próximos meses.

Corbacho compareció en la Comisión de Empleo. Fue tajante al exponer que no se puede malgastar el dinero en medidas infructuosas y subrayó que, llegado el caso, si las bonificaciones no dan los resultados esperados en dos años habrá que derogarlas y establecer otros mecanismos. De momento, se mostró satisfecho por que la «universalización» de los incentivos se quiebre y se produzca una redistribución hacia colectivos concretos y por un tiempo determinado.

En los pasillos, se mostró partidario de que la ayuda de los 421 euros, fijada para los parados que tengan agotada su cobertura de desempleo, se prorrogue. Este beneficio, entró en vigor el 16 de agosto por una duración de seis meses. «Hasta la fecha más de 282.000 personas se han beneficiado del programa», informó el ministro. Explicó que la todavía hipotética prorroga estaría destinada a nuevos parados, puesto que aquellos que ya la hubieran disfrutado y siguieran fuera del mercado laboral deberían ser atendidos por las comunidades autónomas. Como principal argumento para la extensión de la ayuda adujo que la carencia de rentas es todavía un grave problema para muchos ciudadanos que perdieron su empleo hace tiempo.

Reforma laboral

Además de la disponibilidad de los 300 millones, el ministro adelantó otras iniciativas que recogerá el Gobierno en su propuesta de reforma laboral. El plan oficial se hará público el 5 de febrero, después de que el presidente Rodríguez Zapatero accediera a la petición de las organizaciones empresariales y sindicales de posponer su presentación, prevista para el 22 de enero. Por ejemplo, al hablar de la recolocación de los parados apuntó que «el futuro es la formación, la intermediación y el establecimiento de itinerarios». A su juicio, a medida que las políticas pasivas -como la cobertura de paro- dejen de ser imprescindibles deberían traspasarse a las políticas activas (cursos, reciclaje, formación, becas, etc.).

Corbacho insistió en que el país necesita «reformas amplias», «de más calado», que «tengan muy presente el escenario posterior a la crisis». «No es hora de mirar al pasado, sino de aprovechar la renovada voluntad de todas las partes implicadas para negociar y alcanzar acuerdos», dijo. Y lanzó una pregunta a todos aquellos que piden el abaratamiento del despido. «Si yo bajara los costes de la indemnización esos empresarios dejarían de utilizar la contratación temporal», planteó, para pedir a continuación una reflexión sobre la temporalidad y sus causas.

Los portavoces de la oposición descalificaron al ministro. Echániz recriminó sus incomparecencias en el Congreso y que las negociaciones que se van a abrir no estén limitadas en el tiempo. Abogó por «cambiar, abaratar y estimular la contratación» con «reformas ambiciosas». Gaspar Llamazares, de IU, lamentó que sobre la mesa del diálogo social no aparezcan medidas capaces de «frenar la sangría del desempleo». Carles Campuzano, de CiU, remarcó que el Ejecutivo «debe asumir» que no hay cambio del modelo productivo sin reforma a fondo del mercado laboral».