La mayoría de cines catalanes cerrará el 1 de febrero en protesta por la ley del doblaje

El próximo 1 de febrero, coincidiendo con la entrega de los Premios Gaudí, 74 cines de toda Cataluña, con 528 pantallas de las 795, cerrarán sus puertas en protesta por la futura Ley del Cine de Cataluña, que los empresarios del sector creen que comportará "la muerte del cine en catalán".

El Gremio de Empresarios de Cine de Cataluña ha presentado un informe elaborado por el economista José María Gay de Liébana y Saludas centrado en el sector de la exhibición, entre los años 2001 y 2008, que ofrece una visión apocalíptica de lo que supondrá la aplicación de la nueva ley. Los empresarios entienden que el hecho de que la ley prevea que la mitad de las películas extranjeras que se exhiban en los cines catalanes deban estar dobladas o subtituladas en catalán y que se impongan sanciones comportará el cierre de muchas salas y que muchos de los empleados del sector acaben en el paro.

Para el presidente del Gremio, Camilo Tarrazón, de aprobarse esta legislación, que ha liderado el Departamento de Cultura y Medios de Comunicación, con el conseller Joan Manuel Tresserras al frente, "no habrá cine en catalán, porque no habrá salas de cine". Según los datos aportados por el estudio, en los últimos años los empresarios del sector ya han perdido unos 25 millones de euros como consecuencia de la "piratería" y de que han cambiado los hábitos de los espectadores.

Una ley cuestionada

Haciendo una simulación con la nueva ley ya en vigor, el estudio sostiene que la recaudación pasaría de 130 millones a 70 y el número de espectadores descendería de los veinte millones actuales a los diez millones. A juicio de Tarrazón, "el mercado se reducirá, se quitará la libertad al público para escoger y acabará deformándose la realidad del mercado".

Tal y como está redactado el borrador de la ley, según los empresarios del sector, películas como la de Isabel Coixet, Mapa de los sonidos de Tokio, y Ágora, de Alejandro Amenábar, al estar rodadas en inglés, sólo podrían estrenarlas con quince copias. "Si alguien lo entiende que me lo explique", ha apostillado el presidente del gremio. Para Tarrazón, en vez de una nueva ley, "que provoca un problema donde no lo hay", el gobierno catalán "debería trabajar para que las copias catalanas sean rentables, creando demanda" y apostando por la digitalización.