Desesperante frustración

El año transcurrido desde la desaparición de Marta del Castillo ha suscitado un vivo debate ciudadano tanto sobre las dudas que despiertan la eficacia de la instrucción judicial y la pericia policial cuando aún no se ha dado con el paradero de la joven, como sobre la demanda de una mayor dureza en el castigo penal de determinados crímenes; en particular, el asesinato de menores y de personas en situación de especial indefensión. Son dos cuestiones que han estado presentes estos días en boca de los familiares de la joven sevillana y de distintos juristas, y ayer también del dirigente del PP Javier Arenas, quien propuso una discusión abierta sobre la posible introducción de la condena a perpetuidad en nuestra legislación. Resulta desesperante la sola hipótesis de que el procedimiento judicial que se sigue contra distintos jóvenes que pudieron estar involucrados en la desaparición de Marta acabe frustrándose al no hallarse su cuerpo. Sobre todo para unos padres mortificados por la falta de avances en la investigación y por el temor de que no puedan ni siquiera recuperar los restos de su hija. La eventualidad de que, al final, este caso termine convirtiéndose en una especie de 'crimen perfecto' hace que las miradas más críticas se fijen en el propio funcionamiento del sistema. Pero independientemente de que hayan podido cometerse errores o entrado en contradicciones a la hora de evaluar con arreglo a la Ley la conducta de sospechosos e imputados, quedaría fuera de toda razón desestimar los ingentes medios y los esfuerzos humanos y materiales dedicados al esclarecimiento de este sumario. Además, al legislador le sería prácticamente imposible identificar las deficiencias que pudieran subsanarse modificando normas de enjuiciamiento o penales si antes no se produce un veredicto judicial. Por su parte, el endurecimiento de las condenas en el caso de los asesinatos de menores y otros de singular crueldad constituye una posibilidad que ese mismo legislador debería abordar teniendo en cuenta tanto la necesidad de resarcir moralmente a los deudos, como el poder de disuasión del agravamiento de las penas. Aunque por la propia naturaleza de tales crímenes ello supondría más una compensación moral que un factor preventivo respecto a la comisión de nuevos asesinatos. Razonamiento que desaconsejaría aun más la introducción de la cadena perpetua en nuestro Código Penal.