'caso sandra palo'

El juez deja en libertad a 'Rafita' por un robo con fuerza al no pedir el fiscal medidas cautelares

Se trata del tercer delito que comete el joven durante su libertad vigilada

MADRID Actualizado: Guardar
Enviar noticia por correo electrónico

El juez de Instrucción número 33 de Madrid acordó ayer dejar en libertad a Rafael García Fernández, conocido como 'Rafita' y condenado por el brutal asesinato de Sandra Palo. El joven prestó declaración por un delito de robo con fuerza que habría cometido junto con otras tres personas en Madrid.

La Policía detuvo a 'Rafita' el pasado sábado por intentar robar un coche. Ayer se le puso a disposición del Juzgado de Instrucción número 33 de Madrid, cuyo titular le tomó declaración por un delito de robo con fuerza. Según las mismas judiciales, el fiscal consideró que al ser un delito menor no era oportuno imponer a los cuatro jóvenes detenidos medidas cautelares, algo que no contempla la ley en estos casos. En la comparecencia, el fiscal argumentó que ni siquiera los detenidos tienen causas pendientes con la Justicia ni antecedentes penales, pese al historial delictivo de 'Rafita' en el ámbito de la delincuencia juvenil.

Libertad vigilada... y delictiva

Se trata del tercer delito que comete el joven durante su libertad vigilada. Está acusado de robar el pasado junio un ordenador en Málaga y de otro robo con fuerza ocurrido el pasado 23 de diciembre en Alcorcón (Madrid).

La Comunidad de Madrid hizo efectivo en noviembre el traspaso a Instituciones Penitenciarias de la vigilancia de 'Rafita' tras un auto del Juzgado de Menores de Madrid. Hasta ese momento, el Gobierno regional era el que asumía la tutela del joven, ya que cuando cometió el crimen era menor de edad. Pero la Comunidad, al conocer que el chico había quebrantado la libertad vigilada, pidió al juez que terminara este periodo -que concluye en junio y pasara a la supervisión estatal de Instituciones Penitenciarias. En una primera ocasión, el magistrado consideró que era mejor opción que dependiera de la entidad pública autonómica, pero posteriormente dio la razón al Ejecutivo autonómico.