Las pesquisas que salen de lo municipal

Los cargos públicos que en estos momentos están bajo sospecha no se limitan a la esfera de lo municipal, aunque los nombres que aparecen en las más de 60 diligencias en trámite están vinculadas con la política más local.

Hay dos excepciones a esta norma: la delegada provincial de Cultura, Yolanda Peinado, y su homóloga en la cartera de Medio Ambiente, Gema Araujo. Ésta última aparece como denunciada, junto al alcalde de Barbate, Rafael Quirós por supuesta prevaricación. La Fiscalía aún no ha decidido si les tomará declaración en calidad de imputados o no.

En cuanto a Yolanda Peinado, la denuncia que pesa contra ella, la regidora de Sanlúcar, Irene García, y la gerente de Urbanismo de ese municipio fue admitida a trámite el pasado mes de septiembre por el juzgado Mixto nº 1 de Sanlúcar. La denunciante es la asociación en defensa del patrimonio local Aula Gerión. Este colectivo ha llevado a los tribunales las obras de reforma del Conjunto Monumental Casa Arizón, donde se están construyendo un conjunto de pisos. Los denunciantes sostienen que esta actuación, que cuenta con el beneplácito del Ayuntamiento, va a suponer la desaparición de una antigua casa de cargadores de la India, que data del siglo XVII. Al igual que ocurre con el otro procedimiento antes mencionado, aún no se les ha tomado declaración a los implicados.

Además de cargos provinciales, la lista de ediles bajo sospecha es larga y en algunas diligencias, la acusación se dirige sólo contra ellos. Como ocurre con la ex responsable de Urbanismo de Chipiona, Margarita Lorenzo, investigada por conceder el suministro de luz en una parcela cuyo uso urbanizable estaba vetado.