La Justicia tiene abiertas 65 causas contra cargos públicos de la provincia

El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, tuvo que comparecer el pasado noviembre en el Congreso para dar cuenta de las investigaciones judiciales que hay abiertas contra cargos públicos en el país. Su intervención no fue fruto de una iniciativa espontánea del órgano que dirige; sino más bien fue una comparecencia casi obligada ante las continuas críticas de la cúpula del PP, que llegó a afirmar que la Fiscalía persigue con más ahínco a su partido por injerencia del Ejecutivo central, de color socialista. El recuento que presentó Conde-Pumpido desbarató esta idea porque de las 730 causas que hay en tramitación en estos momentos, 264 afectan a políticos del PSOE y 200 a cargos populares. A esa misma conclusión se llega cuando se hace un repaso a los procedimientos en curso en los juzgados gaditanos. «Como verán hay de todo», dijo llanamente a los diputados Conde-Pumpido en noviembre.

El informe presentado por el fiscal general del Estado se elaboró con los datos recopilados por cada Fiscalía provincial y de las 730 diligencias que se están investigando, 65 están relacionadas con supuestas irregularidades cometidas por cargos públicos de Cádiz, que aún siguen en activo o que ya fueron relevados de sus respectivas responsabilidades.

La mayoría de los asuntos son por supuestos delitos de malversación y prevaricación. También hay un buen número de causas relacionadas con el urbanismo; fuente constante de problemas en una provincia con una bolsa de miles de viviendas levantadas fuera de la legalidad. Y en cuanto al color político de los investigados, hay 24 alcaldes o antiguos regidores bajo sospecha y el reparto es desigual, con una mayor presencia de nombres socialistas: 12 del PSOE, 4 del PP, 3 del PA, 2 de Izquierda Unida, 1 del PSA, uno de Independientes Portuenses y otro de Unidad por San Roque.

Si bien existen más procedimientos que afectan directamente a los socialistas, no se puede pasar por alto que el PSOE es la formación política que controla más ayuntamientos gaditanos, bien en solitario bien en coalición. De los 44 Gobiernos locales, 25 son gobernados por los socialistas, frente a los ocho que están en manos del PP.

Pese al abultado número de diligencias, en algunas de las cuales ya existe acusación por parte de la Fiscalía, éstas se refieren a supuestas irregularidades cometidas en menos de la mitad de los ayuntamientos gaditanos. Estas investigaciones salpican a responsables o antiguos cargos de 16 consistorios. Esto obedece a una primera y simple regla aritmética: hay ayuntamientos que suman más de una y de dos causas judiciales. Tal es el caso de El Puerto, cuyo ex alcalde, Hernán Díaz, tiene el dudoso honor de estar imputado en 22 de las 23 diligencias que tramitan los juzgados en relación a cargos públicos de la localidad. Y es que el peregrinaje por sede judicial que debe hacer el que fuera primer edil por Independientes Portuenses se aventura muy largo y nada fácil; máxime cuando tiene ya una condena firme de inhabilitación que le mantiene fuera de la política hasta 2012.

Líder en Andalucía

Según los datos a los que ha tenido acceso este periódico, la Fiscalía gaditana es la que tiene más procedimientos abiertos de Andalucía. Aunque son de menos enjundia jurídica, si se comparan con las grandes operaciones contra la corrupción desarrolladas en localidades como Marbella ('Caso Malaya') o en Estepona ('Astapa') que vieron cómo sus alcaldes eran detenidos y enviados a prisión preventiva.

La lentitud de la Justicia también se evidencia en estas causas, algunas de las cuales se abrieron hace más de siete años, como se puede leer en el número de diligencias. En 2007, la Fiscalía de Medio Ambiente denunciaba al alcalde de Puerto Serrano, Pedro Ruiz Peralta (IU), por autorizar la construcción de 33 viviendas en suelo calificado para uso público. Como indica el informe al que ha tenido acceso LA VOZ, esas diligencias siguen instruyéndose en el juzgado nº 3 de Arcos pese al tiempo transcurrido.

La refriega política, derivada de pactos imposibles de coalición, suelen dejar consecuencias en los juzgados, con cruces de denuncias entre rivales no contentos con pelear en las urnas. Así ocurrió en Chiclana, donde la llegada del PP con ayuda de IU y otras formaciones más, supuso una doble denuncia contra el actual regidor, José María Román, y otros altos cargos socialistas por supuesta prevaricación al dejar que se archivaran más de 1.700 expedientes urbanísticos vinculados a construcciones ilegales en el municipio. Pero la Fiscalía ordenó el archivo por falta de tipicidad delictiva. Es decir, no podía achacarles que hubieran ejercido una desidia administrativa a sabiendas.

Una situación diferente existe en el convulso Gobierno de Jerez. Sus tres últimos alcaldes: Pilar Sánchez, María José García Pelayo y Pedro Pacheco fueron denunciados por los acreedores de Jerecom; una constructora que quebró en 2007 y dejó a medio millar de personas sin cobrar. Los afectados les acusan de irregularidades en la gestión de la Gerencia de Urbanismo. Además hay otros cuatro procedimientos dirigidos contra Sánchez y Pacheco. Si bien, en uno de ellos ya se ha dictado sobreseimiento provisional, pendiente del dictamen del fiscal. Se refiere a una denuncia de un militante que interpuso contra la regidora por posible enchufismo en las contrataciones de personal del Ayuntamiento.

La comarca de la polémica

Muy judicializada también está la vida política en el Campo de Gibraltar. A la inhabilitación del ex alcalde de La Línea, Juan Carlos Juárez por el 'Caso Palex' -impago de una deuda que había contraído el Ayuntamiento con una empresa suministradora- hay que sumar otras 13 causas abiertas que salpican a todos los municipios de la comarca a excepción de Jimena y Castellar.

Pero el resumen también deja otra lectura en clave positiva. Gobiernos de larga duración como el de Teófila Martínez en la capital o los regidores de la mayoría de los municipios serranos salen libres de mácula, por ahora. Fuentes jurídicas consultadas por este periódico explicaron que en la inmensa mayoría de casos por corrupción que se dan en el país está detrás el aprovechamiento personal a costa del suelo: recalificaciones, aprobación de licencias que contravienen la ley, cobro de comisiones a cambio de parcelas... Una tipología delictiva que es difícil que se cometa en ciudades como Cádiz, con una carencia crónica de suelo libre, o en municipios que se han quedado al margen del 'boom' de la construcción porque no hubo nunca una demanda de mercado.