Los 'lobbies' recuperan su poder

Con su polémica decisión de levantar los límites a las donaciones que las grandes empresas pueden hacer para apoyar u oponerse a candidatos políticos, el Tribunal Supremo de Estados Unidos acaba de poner en manos de los 'lobbies' que operan en Washington un poder sin precedentes que va a determinar la actividad de los dos grandes partidos estadounidenses en los próximos años. Bajo la nueva normativa, si un diputado vota en contra de los intereses de una compañía, sindicato u otro grupo de peso no habrá manera de evitar que ese cargo electo sea crucificado públicamente en costosas campañas de publicidad en los medios de comunicación de cara a evitar su reelección.

«Tenemos un millón de dólares que podemos gastar a favor o en tu contra: elige lo que quieras». Este ejemplo, citado ayer por Lawrence Noble, un abogado que trabaja para la Comisión Federal Electoral, da una idea de hasta donde podrá llegar a partir de ahora el poder económico de EE UU para conseguir sus fines, unas tácticas que serían consideradas corruptas en otras democracias.

Para la mayoría de los jueces que velan por la Constitución norteamericana -la medida salió adelante en una apretada votación de cinco magistrados contra cuatro-, el fallo equipara las donaciones con la libertad de expresión que consagra la Carta Magna en su primera enmienda y, por tanto, no pueden estar sometidas a limitaciones dictadas por el Congreso. La sentencia anula otro fallo de 1990 según el cual el Gobierno podía prohibir que las empresas gastaran dinero en propaganda que promoviera expresamente la elección o repudio de un candidato.

Los magistrados defensores del nuevo marco jurídico argumentan que la decisión está pensada para permitir a los electores que elijan libremente entre multitud de voces e ideas, pero obviaron toda referencia a que también incrementa enormemente el poder de los grupos de presión a expensas de candidatos y partidos políticos.

En plena crisis

Periódicos liberales como 'The New York Times' y 'The Washington Post' daban por hecho ayer el inicio de un torrente de ataques protagonizados por todo tipo de organizaciones que con el bolsillo repleto tratarían de modificar la opinión de los ciudadanos en un sinfín de asuntos. El momento no puede ser más oportuno para estos grupos en medio de una crisis económica que no da tregua a millones de estadounidenses y mientras la Administración Obama y los demócratas en el Congreso tratan de reelaborar una amplia gama de leyes que afectan a sectores clave del país, desde el futuro de la industria del automóvil en Detroit hasta la nuevas reglas de juego en Wall Street.

Los Republicanos, mientras tanto, ven cómo se les despeja el horizonte y no ocultan que el nuevo escenario les permitiría importantes ventajas de cara a las legislativas de noviembre. No es ningún secreto que los conservadores se beneficiarán más en el nuevo marco por su tradicional alianza con las grandes corporaciones que tienen unos recursos infinitamente mayores que los sindicatos, hoy por hoy las únicas organizaciones importantes dispuestas a gastar dinero en apoyar causas demócratas.

A Obama y su Gobierno la decisión del Supremo no les ha podido caer en peor momento, justo cuando su fortaleza en el Senado se ha visto seriamente dañada tras perder la mayoría absoluta con la que contaba para aprobar las medidas de mayor calado de su programa o cuando más apretaba el acelerador para regular las prácticas financieras que desataron la recesión. En una semana que debería haber servido para celebrar su primer año en la Casa Blanca, el presidente ha recibido dos de esas malas noticias que marcan el rumbo de toda una legislatura.