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Rajoy propone que el padrón no sea requisito para tener sanidad pública
El Gobierno cree «oportunista y malintencionado» el debate sobre los 'sin papeles' y cierra la puerta a modificar la ley
BARCELONA / MADRID. Actualizado: GuardarMariano Rajoy propuso ayer que no sea necesario estar empadronado en una localidad para acceder a la sanidad y a la educación. Fue su última aportación al debate surgido en torno al trato que deben recibir los inmigrantes en situación irregular. «Yo creo que simplemente con que la sanidad y la educación no los garantizara el padrón, sino que se garantizaran por el mero hecho de ser seres humanos sin necesidad de llevar ningún documento, ya nos ahorraríamos una buena cantidad de problemas», señaló. «Hay que ver cuáles son los requisitos para empadronarse y cuáles son los efectos que produce el padrón», insistió.
Rajoy considera que «hay una contradicción entre obligar a empadronar por ley a los inmigrantes irregulares a los que, también por ley, hay que expulsarles». «La ley hay que cumplirla pero hay que ver si es preciso modificarla», apuntó. Porque para el presidente popular el «verdadero problema y el asunto del que nadie habla no es el padrón, sino la política de inmigración del Gobierno».
Mariano Rajoy, que calificó de «gran error» las regularizaciones masivas y la política de «papeles para todos» del Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero, aclaró, durante su intervención en la clausura de la escuela de invierno del PP de Cataluña que todos los seres humanos tienen derecho a los servicios básicos fundamentales y que su partido está a favor de que «todo aquel que gane la vida de forma digna, lo consiga».
Según datos aportados por el PP, en 2004, había en España 1,6 millones de inmigrantes con tarjeta de residencia, frente a los 4,7 millones de 2009, casi el triple. Sin embargo, en el padrón había 5,5 millones de extranjeros. Por ello, el líder de la oposición afirmó que «inmigración sí, pero con orden y control».
Entre las medidas que propuso adoptar el líder de la oposición volvió a reivindicar también el contrato de integración que garantice iguales derechos e iguales deberes y según el cual el recién llegado debería respetar las costumbres y tradiciones españolas y aprender el castellano, entre otras cuestiones.
Además, Mariano Rajoy abogó por homogeneizar todas las políticas de inmigración de Europa, prohibir por ley las regularizaciones masivas y por que cuando alguien cometa un delito doloso, con pena superior a 6 meses, sea expulsado de España. «No deben pagar justos por pecadores porque hay muchos que vienen a ganarse la vida dignamente», dijo.
En realidad, la mayor parte de las propuestas de los populares formaron parte ya del programa electoral con el que Mariano Rajoy se presentó a las elecciones de 2008, por eso los socialistas insisten en «éste - como remarcó ayer al término del Consejo de Ministros la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega- es un debate oportunista y malintencionado».
Funciones distintas
La número dos del Gobierno aseguró que la «inmensa mayoría» de los extranjeros que residen en España se encuentran en situación legal y negó que exista contradicción alguna en la legislación vigente. Lo que hay que entender, a su juicio, es que cada norma cumple «una función diferente»: la ley de extranjería fija los criterios generales de la política de inmigración y el padrón tiene como finalidad conocer el número de personas que residen en España.
«Es perfectamente compatible luchar contra la inmigración ilegal y atender a los más desfavorecidos», argumentó.
Fuentes gubernamentales insisten en que, por más que se prolongue el debate, no hay intención alguna de emprender nuevas reformas legislativas. De hecho, el ministro de Justicia, Francisco Caamaño reclamó que no se abra una discusión sobre este asunto porque no conducirá a «ningún lado» y están «en juego» derechos que son básicos.