El Gobierno avisa a las autonomías de que su déficit ya supera lo acordado

El Gobierno central se declaró ayer incapaz de cumplir por sí solo el objetivo de reconducir el abultado déficit que soportan las cuentas de las administraciones públicas, que rondó al cierre de 2009 el 10% del Producto Interior Bruto (PIB), y situarlo en 2013 por debajo del 3% que exige el pacto europeo de estabilidad y crecimiento.

El secretario de Estado de Hacienda y Presupuestos, Carlos Ocaña, aseguró que en un país «tan descentralizado» como España, donde los gobiernos de las comunidades autónomas gestionan la mitad del gasto público, resulta «prácticamente imposible» aplicar tamaño plan de austeridad sin un compromiso decidido de las autoridades regionales. Ocaña fue más allá y denunció que su secretaría ya ha detectado algunos desfases entre los niveles de gasto realizados en 2009 por algunas comunidades y el techo de déficit -del 1,5% del PIB para cada autonomía- aprobado por el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

«Ciertamente, observaremos alguna desviación con respecto al objetivo que se fijó en su día», señaló el responsable de Hacienda, que rechazó cuantificar el desfase. «Es un juicio de valor en el que no voy a entrar». Para alcanzar las metas acordadas, subrayó, lo «deseable» es que los ejecutivos autonómicos, mediante un pacto de Estado, «se comprometan a hacer su parte en el esfuerzo de consolidación fiscal».

El Gobierno trabaja en la confección de un plan de austeridad para el conjunto de las administraciones públicas, que espera dar a conocer en pocas semanas y que debe definir la estrategia y las medidas concretas a aplicar a cuatro años vista para reequilibrar las cuentas del Estado y cumplir con Bruselas. Uno de los objetivos de ese plan es poner todas las cartas boca arriba y transmitir a los mercados y a los agentes económicos internacionales «que España es un país serio, que cumple sus compromisos y que tiene unas finanzas públicas saneadas», explicó Ocaña. La presentación de esa estrategia coincidirá en el tiempo con el envío a la Comisión Europea a lo largo de este mes de la actualización del programa de estabilidad para los próximos años.

Objetivo complicado

El Gobierno cumple con su deber al querer ajustar el déficit público a los niveles acordados en el seno de la UE. Sin embargo, realizar ese objetivo parece ahora muy complicado por la difícil coyuntura económica, que ha reducido los ingresos y hace muy dificil recortar pagos.

El propio Ocaña ha admitido que el elevado gasto derivado de las medidas de estímulo contra la crisis y del aumento de las prestaciones por desempleo -en un país donde el paro oficialmente afecta al 18% de la población activa- pueden haber disparado el déficit de 2009 por encima del 9,5% previsto en el cuadro macroeconómico.

Por la parte que toca a las comunidades, los resultados cosechados en 2008 no son halagüeños. Sólo siete -Galicia, Andalucía, Asturias, Aragón, Canarias, Castilla y León y Madrid- lograron mantener a raya su déficit. El resto tuvieron que presentar planes de reequibrio presupuestario como 'castigo' por incumplir los objetivos. Y eso que en 2008 hubo muchas menos dificultades derivadas de la crisis que el año pasado. Lo que pueda suceder en 2010, año para el que el Ejecutivo calcula una tasa de desempleo del 19% y déficits del 8,1% para las administraciones públicas y del 2,5% para las autonomías, es una incógnita.

En todo caso, pasarán meses hasta que se publiquen las cifras definitivas de déficit autonómico de 2009. Las comunidades tienen hasta el 31 de enero para entregar al Consejo de Política Fiscal y Financiera una estimación de su cierre de cuentas provisional, porque hasta marzo no tendrán los balances de las empresas públicas. Esos datos, que suelen parecerse bastante a los definitivos, los presentará agregados el Ministerio de Economía, en forma de déficit o superávit acumulados por todos los territorios, en febrero junto a los datos de ejecución presupuestaria del conjunto del ejercicio. Después, las comunidades tendrán hasta el 30 de abril para remitir los datos definitivos, con las empresas públicas, que servirán para elaborar el informe final sobre el cumplimiento fiscal de cada autonomía.