España, a examen

La exposición ayer del presidente Rodríguez Zapatero de las grandes prioridades que orientarán su semestre al frente de la UE volvió a demostrar que la credibilidad de su gestión europea depende de los resultados que obtenga en cuanto a la reactivación de la economía española. Su propuesta de un «gran pacto social entre empresas y trabajadores» para «renovar la fuerza económica europea» se hace eco del consenso sobre el que se erigió el Estado del Bienestar del que hoy goza la inmensa mayoría de la UE. Pero a diferencia de la segunda mitad del siglo XX, en la que las sociedades democráticas de Europa se dispusieron a compartir internamente los beneficios del crecimiento, ese gran pacto social propuesto por Rodríguez Zapatero debe responder al ineludible desafío de situar a la UE en condiciones de competitividad en un mundo globalizado. Su deseo se enfrenta, en ese sentido, a los mismos obstáculos que tiene ante sí el diálogo social en España; y, en especial, a la asunción compartida por empresarios y sindicatos de que la perpetuación de los conflictos de intereses en el seno de cada sector y de cada compañía pueden acabar dejando aún más atrás a la economía española -o a la economía europea- respecto a aquellas otras con las que compite o competirá en un futuro próximo. España puede y debe ser partícipe de los objetivos que el presidente expuso ayer como prioridades de la UE en el terreno económico: reducción de su dependencia energética, inversión en el desarrollo tecnológico, crecimiento sostenible y optimización de los recursos formativos. Pero si, como él mismo señaló ante la Eurocámara, desde mediados de los 90 el tejido industrial de los países de la Unión ha ido perdiendo competitividad en el mercado global, qué decir de las empresas radicadas en España. Es comprensible que las centrales sindicales traten de contrarrestar ese argumento imputando su causa a la obtención de beneficios a corto plazo por parte de las empresas. Pero aunque éste fuese un factor crucial en la pérdida relativa de posiciones en el campo de la innovación, los sindicatos deben asumir de una vez que sin una adecuación del mercado laboral a las exigencias de la economía global es como se acabarán poniendo en peligro los derechos que con tanto celo defienden para los trabajadores.