PSOE y PP hacen de la inmigración un nuevo frente de confrontación política

Las palabras del presidente del Gobierno fueron respaldadas por los principales dirigentes socialistas. Defendieron que el Ejecutivo no aceptará excusas para al empadronamiento y que el debate sobre la inmigración reabierto por el PP no es más que «una irresponsabilidad» fabricada desde el «electoralismo», como lo demuestra que ponga en tela de juicio una norma que puso en marcha Mariano Rajoy en 1997, cuando era ministro.

El vicepresidente tercero, Manuel Chaves, aseguró que los ayuntamientos tienen la obligación de empadronar «sin excusas de demagogia y oportunismo». El ministro de Fomento , José Blanco, cree que el PP actúa de «forma populista».

La respuesta popular se la repartieron entre la secretaria general, Dolores de Cospedal, y la portavoz en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría. Cospedal aclaró que el PP nunca «abanderará el incumplimiento de una ley (Extranjería) por muy en desacuerdo que esté con la norma», pero insistió en la necesidad de la reforma.

Sáenz de Santamaría recuperó una de las banderas electorales del PP, el contrato de integración de los inmigrantes, que establece que la legalización de los extranjeros, además del contrato de trabajo, requiera de un compromiso explícito de aceptación de los valores constitucionales y costumbres sociales. La portavoz apostó por «dejar claro» a los inmigrantes que sólo pueden llegar a España «con 'papeles' y empleo» porque es «la única forma de integrar y ordenar» a los extranjeros «con plenitud de derechos y deberes».