Pilar Sánchez: «O había despidos temporales o subíamos los impuestos»

El Expediente Temporal de Regulación de Empleo era prácticamente la única alternativa posible para sacar al Ayuntamiento del pozo en el que está sumido. Ésta fue la idea sobre la que insistió la alcaldesa ayer una y otra vez, haciendo frente a las críticas de los diferentes sindicatos y partidos políticos y a las reticencias iniciales de la Junta de Andalucía, que ha solicitado un informe completo que justifique la aplicación del citado expediente.

«Era eso (el ERTE) o una subida de impuestos o despidos libres, por eso hemos elegido lo menos traumático y no tenemos que gravar más la situación sobre los contribuyentes». Así, justificó que se trata de la mejor salida para una situación complicada sin perder de vista «el compromiso de mantener el empleo». En la misma línea, Sánchez explicó la diferencia existente entre un ERE y un ERTE, subrayando que en este último caso el hecho de que se despida de forma temporal a los trabajadores proporciona al Consistorio el tiempo necesario para que pueda recuperarse económicamente.

En lo que respecta a la polvareda de reacciones levantada tras el anuncio de la regulación, la alcaldesa calificó de «muy favorable» el debate suscitado en toda la comunidad autónoma a raíz de una iniciativa «responsable y novedosa».

Cabe recordar que el secretario general de Comisiones Obreras en Andalucía, Francisco Carbonero, ha sido de los primeros en posicionarse rechazando la aplicación del expediente en cualquier ayuntamiento, al considerar que «si hay dificultades de financiación, la solución no puede ser a través del dinero público de la protección social». Algo a lo que respondió directamente la primera regidora jerezana, sentenciando: «Yo creo que Comisiones hablaba de los ERE en general, por lo que no nos daremos por aludidos».

Fisuras sindicales

El representante de CC OO en la plantilla municipal, Juan Padilla, sí se posicionó ayer del lado del Ayuntamiento desmarcándose de lo manifestado por la cúpula regional. Padilla, cuyo sindicato junto con UGT refrendó en su día la aplicación del ERTE, defendió la medida como la única posible frente a despidos del personal, al igual que Alfonso Cárdenas, de UGT, que aunque señaló su disconformidad con la aplicación de estos expedientes por parte de administraciones públicas, sí reconoció la excepcionalidad que supone el caso de Jerez.

El Partido Popular, por su parte, anunció de la mano de su presidente provincial, José Loaiza, que solicitará en el Parlamento la comparecencia del consejero de Empleo, Antonio Fernández, para que se pronuncie sobre el controvertido asunto. «Entendemos que antes que una medida drástica tienen cabida muchas alternativas; no es comprensible que se vaya gente a la calle y los cargos de confianza sigan cobrando tanto. La primera regulación que tiene que hacer la alcaldesa es con su equipo».

Por ello, el PP pedirá que el consejero concrete qué actitud tomará frente ello y también que el secretario provincial del PSOE, Francisco González Cabaña, «diga si está de acuerdo con la actuación de su alcaldesa». Uno de los temores de los populares es la posible reacción en cadena que pueda provocar el precedente único del Consistorio jerezano, por lo que Loaiza exigió al PSOE un ejercicio extra de responsabilidad. «Si la alcaldesa no ha sido capaz en legislatura y media de sacar al Ayuntamiento de la situación, que deje paso a otros y dimita, porque el ERTE es una verdadera chapuza».

Los que también tomaron parte en la polémica fueron los partidos de la oposición PSA y UPyD, criticando la adopción de una alternativa con fisuras. «Antes de optar por un ERTE -argumentó el secretario local del PSA, Santiago Casal- es más coherente apostar por otro tipo de medidas de contención del gasto. Por ejemplo, no se entiende que el Ayuntamiento esté gastando dinero en una campaña de publicidad innecesaria sobre las obras cometidas con cargo al Plan E».

A vueltas con los asesores

En la misma línea de los populares, Casal insistió en la necesidad de reducir el número de asesores y no prescindir aunque sea de forma temporal de 300 trabajadores que realizan funciones productivas. Un recorte que, como apuntó, ya se está empezando a notar con medidas de ahorro como la retirada de porteros en los centros educativos.

Desde UPyD, a través de un comunicado, expresaron su malestar por que el expediente no haya sido fruto del consenso con las diferentes fuerzas políticas y sindicales de la ciudad. «La soberbia en la que están instalados los gobernantes, reflejo de la de la propia alcaldesa, impide que requieran la opinión de los demás», lamentaron desde la formación.