«No pueden ser otros que funcionarios de la Policía», revela el informe del 'chivatazo'

Los informes de la Policía sobre el 'chivatazo' a ETA son tajantes: el soplón dio a los terroristas datos «confidenciales» y sólo conocidos por un «círculo restringido» de funcionarios y mandos del Ministerio del Interior, además del magistrado Fernando Grande-Marlaska, con el único propósito de echar por tierra la inminente 'operación Urogallo' contra el aparato de extorsión de la banda. A la vista de esos indicios, los agentes que durante dos años comprobaron cientos de llamadas, intervinieron nuevos teléfonos, cotejaron todas las comunicaciones e investigaron a decenas de compañeros llegan a una sola conclusión que textualmente plasman en su informe definitivo: «Las personas que alertan a Joseba Elosúa [jefe del aparato de recaudación de la banda] no pueden ser otras que funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía».

En los atestados de los cinco agentes que indagaron sobre el soplo a ETA en mayo de 2006, y que la Fiscalía no cree suficientes para mantener vivo el sumario, se reconstruyen, a través de sus llamadas, todos los movimientos de los cinco sospechosos (cuatro policías y el entonces director del cuerpo) en las horas en las que se produjo la delación a los responsables del 'impuesto revolucionario'.

Los informes oficiales, aún secretos por orden expresa del instructor del caso, Baltasar Garzón, resumen en dieciséis conclusiones el trabajo de los investigadores. El último punto es el que señala directamente al entonces ex director general de la Policía, Víctor García Hidalgo, quien, según los atestados, habría sido la persona que ordenó al jefe superior del cuerpo en el País Vasco, Enrique Pamiés, usar a uno de sus hombres, un inspector de Vitoria, para localizar a Elosúa y darle el móvil a través de cual Pamiés, supuestamente, le comunicó a las 11.23 horas del 4 de mayo la inminente operación.

Uno de los documentos remitidos a la Audiencia Nacional por la Policía destaca como prueba contra García Hidalgo la «reacción inmediata» del jefe superior tras supuestamente dar el soplo a Elosúa: según cuelga, el mando policial «efectúa dos llamadas al director general», una acción, afirman los investigadores, que «establece una relación directa» entre el 'chivatazo' y «el conocimiento del resultado de esa tarea por parte del director general de la Policía».

«Posibilidades excluidas»

Los agentes insisten en que hay numerosas pruebas e indicios para «excluir otras posibilidades diferentes a la mantenida en el informe» (que el soplo surgió de las más altas esferas de la Policía Nacional). Uno de los atestados incide en que los datos que se le filtraron a ETA sobre la operación eran especialmente recientes («generados tan solo unas horas antes») y muy específicos, hasta el punto de que el chivato contó al responsable etarra cuántos policías (cinco) iba a haber en la frontera de Behobia para detener al día siguiente a José Antonio Cau, uno de los recaudadores. Ese dispositivo -revelan los 'papeles' de la Audiencia Nacional- lo habían decidido la noche anterior al chivatazo los mandos policiales en una reunión en Madrid con el magistrado Fernando Grande-Marlaska, sustituto por entonces de Garzón. De lo hablado en aquel encuentro, obviamente, sólo tenían conocimiento unos cuantos mandos del cuerpo.

Y otro dato más: «El propio jefe superior de Policía -relata otro de los atestados- ratifica en una conversación telefónica (en agosto de 2006) que el fin pretendido con la llamada era 'hacerle un favor a Gorka Aguirre' (ex dirigente del PNV que iba a ser detenido en la redada frustrada), es decir, evitar la detención ese día». Para los agentes que investigaron la filtración, el «dato operativo» del arresto del político es clave para apuntar a la cúpula de la Policía porque «únicamente podían conocerlo los funcionarios que dirigen y supervisan dicho operativo y el propio autor de la filtración».

«Sólo los jueces, los investigadores y los superiores de éstos, entre los que se encuentra el jefe superior del País Vasco, conocían que se iba a detener a Gorka Aguirre y que éste se encontraba entre los objetivos del día 4 de mayo», relata uno de los documentos que obran en la causa.

Reconstrucción

En la reconstrucción de los hechos, explican los investigadores en sus informes, todas las llamadas encajan como un perfecto puzle para apuntar al director, los dos mandos y los dos policías. Así, revela el atestado, la única llamada registrada por la antena que da cobertura a la zona del bar Faisán entre dos varones entre las 11.10 horas y las 11.40 horas del 4 de mayo (intervalo en el que se produce el 'chivatazo') es la que se produce «por espacio de ocho minutos» entre el jefe superior, que está en Vitoria, y su subordinado enviado a Irún.

Pero los investigadores revelan otras muchas más supuestas 'coincidencias' que apuntalan la tesis del origen policial del soplo. Por ejemplo, que durante el tiempo que el inspector de Vitoria está en la frontera (46 minutos) cumpliendo la supuesta misión encomendada por su superior, el policía llama o recibe llamadas, seis en total, «única y exclusivamente» del jefe de la Policía en Euskadi, lo que, según los informes, «pone de manifiesto que su desplazamiento a la frontera de Behobia está relacionado con una misión encomendada por el jefe superior y de la que responde, únicamente, ante el jefe superior». Inmediatamente después, recuerdan los informes, Pamiés llama en dos ocasiones a Víctor García Hidalgo.

Los papeles que ya forman parte de la diligencias previas 59/2007 que instruye Garzón desvelan el exhaustivo trabajo de los agentes, que llegan a enumerar, uno por uno y con sus números identificativos, a todos los funcionarios de la Sección de Investigación Económica (E-50) y de la Unidad Provincial de Información de San Sebastián que estaban al tanto del operativo y el grado de conocimiento que tenían de las pesquisas y de los arrestos.