Garzón imputa al presidente del Espanyol

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón investiga al presidente del Real Club Deportivo Espanyol, Daniel Sánchez Llibre, al director financiero, Albert Amat, y al antiguo director general de la entidad, José Luis Marcó, por un presunto delito de fraude fiscal y blanqueo de capitales. Los responsables del club de fútbol catalán están implicados en una presunta trama de facturas falsas relacionadas con al menos dos operaciones deportivas realizadas entre los años 2001 y 2002. Para ello se sirvieron del mismo bufete desde donde se destapó el 'caso Pretoria', la red de corrupción urbanística que afecta a cargos de CiU y PSC.

Según las investigaciones judiciales, el despacho 'Petrus' cargó supuestamente al RCD Espanyol facturas falsas por más de 300.000 euros a través de la sociedad portuguesa SPST, creada a tal efecto por el bufete de abogados en el paraíso fiscal de las Islas Madeira (Portugal). Las actividades están relacionadas con el traspaso del centrocampista 'perico' Sergio González al Deportivo de La Coruña en el año 2001, una operación que ascendió a unos 17 millones de euros, y con el proceso de adquisición de la nacionalidad italiana del jugador argentino Maxi Rodríguez, quien llegó al club catalán en 2002.

En un comunicado oficial, el club catalán admitió haber cometido «anomalías tributarias» en el traspaso de Sergio González, aunque precisó haberlas solventado en 2006. En concreto, reconoce que en el millonario fichaje se devengaron por su representante -en este caso, el padre del futbolista, Avelino González- unas comisiones que se instrumentalizaron a través de la sociedad SPST (Strategic Projections and Simulation Technologies-Services). Una operación que contó con el aval de los asesores fiscales de las dos partes, señala la nota.

Regularización tributaria

Pero en 2005, el RCD Espanyol procedió «espontáneamente» a regularizar «las anomalías tributarias en las que se pudieron, inconscientemente, incurrir», hasta estar regularizadas en marzo de 2006, «lo que legalmente determina la ausencia de infracción y la exención de responsabilidades», añade el comunicado. Sobre la concesión de la nacionalidad italiana al futbolista argentino Maxi Rodríguez, cuya intención era que no ocupase plaza de extracomunitario, el club manifiesta que «no abonó ni le consta que nadie haya abonado cantidad alguna por este concepto» a la sociedad SPST.

Asimismo, admite que el presidente Sánchez Llibre, el director financiero Albert Amat y el ex director general Josep Lluis Marcó ya fueron a declarar por estos hechos ante Baltasar Garzón el pasado año, sin que el juez de la Audiencia Nacional les atribuyese delito alguno de blanqueo de capitales. Además, asegura la nota, permanecen a la espera de que el juzgado de la Audiencia Nacional resuelva la solicitud de archivo de las actuaciones pedido en noviembre.

Por último, el RCD Espanyol señala que esta investigación judicial no tiene relación alguna con el 'caso Pretoria', la trama de corrupción urbanística con epicentro en varios ayuntamientos barceloneses. El único vínculo aparente es el bufete de abogados 'Petrus', con sede en la avenida diagonal de Barcelona, que fue registrado por la Guardia Civil en 2005 por otro caso relacionado con paraísos fiscales y cuentas secretas.