El informe oficial confirma que el 'chivatazo' a ETA salió de la Policía

El atestado policial clave sobre el 'chivatazo' a ETA empieza a ver la luz. El documento, todavía secreto por orden del juez Baltasar Garzón, sólo contempla una hipótesis: el soplo que avisó a la banda de la redada contra su aparato de recaudación el 4 mayo de 2006 fue obra de la cúpula de la Policía Nacional. Los cinco investigadores dirigidos por el inspector jefe Carlos G., en un informe de 70 páginas y preñado de datos, incluyen los nombres de los tres mandos del cuerpo -entre ellos, el del ex director de la Policía Nacional Víctor García Hidalgo- y de los dos funcionarios que supuestamente intervinieron en la delación a ETA, por orden de sus superiores.

Según revela el atestado 376/07 en poder de la Audiencia Nacional, los investigadores avalan sus conclusiones en el análisis pormenorizado de las cerca de 2.000 llamadas que se realizaron en la zona del bar Faisán de Irún -la presunta sede del aparato de recaudación- el día de la delación. Se trata de un trabajo ingente hasta lograr reducir las comunicaciones sospechosas a sólo 70. En contra de lo que sostiene la Fiscalía, el esfuerzo sí que sirvió para individualizar la llamada del 'chivatazo': fue a las 11.23 horas del 4 de mayo y se la realizó un inspector de Vitoria al jefe superior de Policía del País Vasco, Enrique Pamiés. El inspector, dedicado a la lucha contra el terrorismo de Al-Qaida, se encontraba en ese momento acompañado de Joseba Elosúa (el supuesto jefe del aparato de recaudación), al que había hallado en su bar de Irún, tras intentar sin éxito localizarle poco antes en su casa. El policía le habría pasado su propio teléfono a Elosúa para que Pamiés le contara la inminente operación antiterrorista, según apunta el atestado policial. La llamada duró exactamente 491 segundos.

Orden política

Los investigadores infieren que Víctor García Hidalgo es quien da la orden política del 'chivatazo' porque, segundos después de que Pamiés termine la supuesta llamada a Elosúa, el jefe superior llama en dos ocasiones al director general de la Policía, a quien no logra localizar. García Hidalgo está en ese preciso instante en una toma de posesión en Madrid y no es el momento para hablar de una situación tan delicada. El informe no hace una sola mención a si el director recibe llamadas o instrucciones de instancias superiores.

El atestado apunta a que el 'chivatazo' comenzó a gestarse el 3 de mayo por la noche en una conversación telefónica entre el director y Pamiés. El grupo dedicado a la investigación señala sin ambages en sus informes que el objetivo era evitar la detención en el operativo del ex dirigente del PNV (ya fallecido) Gorka Aguirre, tal y como posteriormente confirman otros 'pinchazos' de los que sí se logró desvelar el contenido de la conversación. La intervención más esclarecedora es en la que Pamiés confiesa, en agosto de 2006, a un veterano periodista madrileño dedicado a la investigación antiterrorista que el objetivo del 'chivatazo' era salvar a Aguirre. El nombre de este político, de hecho, aparece en la relación de más de una docena de personas que debían de ser detenidas en la denominada 'operación Urogallo' contra el impuesto revolucionario de ETA.

El fiscal del caso, Carlos Miguel Bautista, que ha reclamado a Garzón que dé carpetazo al 'chivatazo' por falta de autor conocido del delito de colaboración con banda armada, sostiene sin embargo que este informe es sólo una «hipótesis policial» y que las «imputaciones» que hace «se apoyan de forma exclusiva en la concatenación de llamadas» entre los policías y el político socialista bajo sospecha.

Nerviosismo

La Fiscalía, a la vista de los atestados remitidos a la Audiencia Nacional, no es la única que duda del trabajo de los cinco policías a los que se ordenó investigar la delación. Los documentos revelan el nerviosismo en el cuerpo a cuenta de este demoledor informe 367/07, hasta el punto de que hay otro contra-informe elaborado 'ex profeso' por los servicios de Información que intenta desacreditar las conclusiones del equipo de Carlos G., aunque sin aportar prueba alguna.

Ese contra-informe fue encargado por los mandos policiales a los que el juez Fernando Grande-Marlaska, sustituto de Garzón durante su estancia temporal en Estados Unidos, apartó del 'caso Faisán' por su falta de colaboración. Se da la circunstancia que esos papeles también revelan que Carlos G. y sus cuatro funcionarios llegaron a chequear las llamadas de dos de los más altos cargos de la Comisaría General de Información -los marginados por Grande-Marlaska- para ver si estaban relacionados con el soplo. Los agentes descartaron esta hipótesis una vez concluidas las pesquisas, ya que ambos jefes carecían en ese momento de la información operativa, porque sus enlaces con la 'operación Urogallo' se encontraban fuera de España.

Los documentos policiales en poder de la Audiencia Nacional también señalan los problemas que el soplo a ETA causó en la investigación paralela que se estaba realizando en Francia, hasta el punto de que los propios responsables policiales españoles al otro lado de la frontera tuvieron que paralizar el operativo en marcha.