La actividad de las empresas privadas de recolocación inicia su regulación en España

El Servicio Público de Empleo (SPE) es un fracaso para casar ofertas y demandas de trabajo. Informes y numerosos expertos constatan que si alguien tiene prisa por encontrar un empleo resulta inútil ir a los centros oficiales. Su intermediación no llega al 3%. Este panorama impulsó la regulación de las empresas privadas de recolocación tal y como figura en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de 31 de diciembre de 2009. Ahora la ley manda al Gobierno «en un plazo no mayor a cuatro meses y en el marco del diálogo social», presentar una propuesta sobre la actividad de esas compañías. Todo indica que el proceso conllevará cambios profundos en el mercado laboral.

Creade, una de las principales empresas especialista en la búsqueda de trabajo, opina que es preciso cambiar la autorización administrativa en los despidos colectivos. Pero al contrario que la mayoría de las organizaciones empresariales que apuesta por su reducción o, incluso, su desaparición, propone que el requisito se extienda de las compañías con más de 50 empleados a aquellas con plantillas superiores a los 20 contratados.

El motivo de la ampliación es que así habrá más empleadores obligados a presentar, junto con los expedientes de regulación de empleo de extinción de puestos de trabajo, programas de recolocación. Se trata de un primer paso para que la reinserción personalizada se universalice con independencia del sector y del tamaño de las empresas. Creade también es partidaria de que los parados mayores de 45 años tengan acceso a los programas. No obstante, las negociaciones entre empresas privadas e interlocutores del diálogo social no han pasado de una primera fase.

La recolocación es una actividad singular. Consiste en un conjunto de medidas que, aplicadas por personal especializado, busca reincorporar con prontitud al mercado laboral a los parados.