La ordenación de Chiclana se decidirá en los tribunales

La historia del PGOU de Chiclana, actualmente en vigor, es una historia de despropósitos. Se aprobó de forma definitiva en marzo de 2007 tras varias paralizaciones judiciales en 2003 y 2005. El documento se encuentra ahora pendiente de un recurso de casación presentado ante el Tribunal Supremo por el Ayuntamiento de Chiclana, después de que en enero de 2009 el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) diera la razón a varios de los recursos presentados por colectivos ecologistas y algunos particulares, que estimaban irregular dicha aprobación de 2007. Las sentencias del alto tribunal andaluz consideraban que el PGOU había sido aprobado con defectos formales, como por ejemplo no haber pasado el correspondiente periodo de exposición pública que marca la ley. Una vez dada la razón a estos recurrentes, el TSJA declaraba nula la aprobación del Plan General por parte de la Comisión de Urbanismo en marzo de 2007 y dejaba al borde de la ilegalidad a cualquier situación urbanística que tuviera lugar en el municipio. Pero el Ayuntamiento reaccionó rápido. Apenas unos meses después de recuperar la Alcaldía, y también a unos días de que este medio destapara los autos del TSJA, el Gobierno socialista hacía pública su intención de presentar un recurso de casación ante el Tribunal Supremo para evitar el limbo jurídico en que podía haberse visto la ciudad con un PGOU anulado por la justicia. Se trataba también de ganar tiempo para impulsar un nuevo planeamiento, con bastantes modificaciones y habiendo solventado los problemas con los propietarios que recurrieron; las estimaciones son que el Supremo tarde aún entre un año y medio y dos en resolver este recurso de casación municipal, y en dar o quitar la razón al TSJA, ratificando por consiguiente la nulidad del Plan (lo habitual en estos casos), o estimando por el contrario que no hubo indicios de irregularidades.