Seis partidos ultras enarbolan la bandera anti-inmigración para buscar votos

Plataforma per Catalunya (PXC) y España 2000 (E2000) han encendido la llama y han arrastrado a los partidos convencionales a un debate sobre el endurecimiento de la política de extranjería. Estas dos formaciones ultraderechistas, con representación en nueve ayuntamientos catalanes y valencianos, quieren vetar el empadronamiento a los inmigrantes irregulares. Han llegado ahora a las primeras páginas de los periódicos. Pero PxC y E2000 no son fenómeno únicos.

Otros cuatro partidos, legales y no violentos, viven su momento dulce y se relamen con sus expectativas de voto en elecciones futuras tras convertir la lucha contra la inmigración en su banderín de enganche. Unos extranjeros a los que culpan del paro y la crisis económica. Su presencia en las urnas, por ahora, es muy escasa, no más de 25.000 votos en las últimas generales. Pero todos ellos apuestan a que su rechazo a los extranjeros -casi el único nexo de estas formaciones alejadas de los 'ultras' clásicos- les lleve a las instituciones democráticas, sobre todos a los ayuntamientos.

«Son partidos jóvenes. Hunden sus raíces en los años noventa y beben de líderes ultras y racistas en activo como Le Pen en Francia, Haider en Austria, Fiore en Italia o Griffin en el Reino Unido. Su único punto en común es que comparten discurso chovinista y xenófobo frente a la pluralidad cultural», explica Esteban Ibarra, presidente del Movimiento contra la Intolerancia.

Ninguno de estos seis partidos oculta su discurso anti-inmigración. Es más, se jacta de ello públicamente. El programa de Plataforma Per Catalunya, el partido que lidera el polémico Josep Anglada y cuenta con 14 concejales en seis ayuntamientos catalanes, además de Vic, no deja lugar a dudas. Su objetivo es la lucha sin cuartel contra los musulmanes. «PxC no se opone a la inmigración, pero sí a la instalación de inmigrantes musulmanes en nuestro país, fenómeno que puede suponer a largo plazo una clara amenaza para nuestra cultura. Entendemos que el Islam comporta elementos ideológicos de rechazo a los derechos humanos y, por consiguiente, no podemos tolerar que esta forma reaccionaria de religión y política adquiera preponderancia en nuestra tierra», se lee literalmente en su programa. Un ideario que se aplica en Vic, donde la inmensa mayoría de los extranjeros profesa ese credo. El partido del ultra Anglada pide «cuotas de procedencia» y la reducción «a cero» del contingente islámico.

España 2000, por su parte, cuenta con dos concejales en Onda, en Castellón, y Silla, en Valencia. Su presidente es el abogado José Luis Roberto, secretario general técnico de ANELA, la Asociación Nacional de Empresarios de Locales de Alterne. Roberto ha llevado a su formación, de la mano del discurso anti-inmigración, a tener cierta presencia en Hospitalet, Granada, Madrid o Almansa. «Estamos soportando una invasión pacífica del territorio nacional. El flujo de familias inmigrantes, tradicionalmente numerosas, condenará a los españoles a ser minoritarios en nuestro propio país», apunta su propuesta programática. Una ideología casi idéntica a la de la tercera formación con más influencia y más combativa en la calle, Democracia Nacional. Estas siglas están en el punto de mira de la ultraizquierda. Una de sus convocatorias con tintes racistas fue la que terminó con el asesinato en 2007 de Carlos Palomino a manos de un militar que nada tenía que ver con DN. Su cartel con 'ovejas negras inmigrantes' se ha convertido en una seña de identidad. Reclaman «la prohibición expresa de conceder derechos políticos en España a residentes de nacionalidad extranjera» y denuncian la «progresiva islamización del continente europeo».

Virulencia

Entre los partidos legales destaca por su virulencia el discurso contra los extracomunitarios del Movimiento Social Republicano, radicado en Barcelona. «Tenemos muy claro que aquí no caben todos», apunta su programa. MSN «considera prioritaria la expulsión inmediata de todos aquellos que hayan entrado ilegalmente, estén ya regularizados o no, la paralización del reagrupamiento familiar y la cancelación de subvenciones a asociaciones de inmigrantes».

Frente Nacional, muy implantado en Madrid, basa su ideario en la crítica a la «suicida política de inmigración». «En España -afirman- la delincuencia SÍ está relacionada con la inmigración». Su receta mágica para acabar con la crisis pasa por la expulsión inmediata de los inmigrantes que se queden en paro.

Alianza Nacional, creado en 2005 y con centenares de militantes en Valencia y Madrid, tiene un argumentario muy cercano a la ideología nazi. Defiende la «imposición del derecho de sangre para adquirir la nacionalidad» y la «revocación de la ciudadanía a aquellos que no sean asimilables por su estirpe o mentalidad». «Se ha de repatriar y de prohibir la entrada a todos los que no se ajusten a estos cánones», afirma categórica AN.