PERSONAS SIN ESTADO

La pregunta de si somos racistas es incómoda y la contestamos, en la mayoría de los casos, apelando a que estamos a favor de la cooperación internacional y la ayuda al desarrollo. En una Europa de democracias consolidadas y generosos programas sociales no debiera haber dudas. Y, sin embargo, cada vez que episodios como el de Vic o el de Rosarno, en Italia, reciben la atención mediática nos apresuramos a buscar una respuesta exculpatoria. La crisis económica podría ser una de ellas, de manera que no se trataría de xenofobia sino de la tensión provocada por una etapa de recesión y de escasez de puestos de trabajo.

Una mirada al resto del continente descarta esta explicación. La crisis económica se extiende a países que, como España e Italia, están recibiendo un importante flujo de inmigración en su historia reciente y, sin embargo, las tensiones sociales parecen ser menores (piénsese en Grecia o Irlanda). Tampoco la mayor tradición de un país como receptor de inmigrantes, ya de segunda y tercera generación, elimina las tensiones (piénsese en Alemania, Francia o Países Bajos).

No queremos ser racistas, pero lo cierto es que en esta Unión Europea que estamos construyendo, la política común de inmigración es la última y verdadera frontera del inmigrante. La consideración de un inmigrante como legal o ilegal se realiza fundamentalmente en función del trabajo, y no cualquier trabajo, sino el cualificado. Es así que el tipo de trabajo determina los derechos del individuo. Y así se comprende que se esté organizando, en Francia y Alemania, el 'día sin inmigrantes'. Una huelga de trabajo, prevista para el 1 de marzo, que pone de manifiesto una realidad aún más incómoda: los derechos de las personas no son la consecuencia lógica de residir en un Estado, sino que han de ser conquistados demostrando que aportan un valor añadido al sistema económico.

Son personas con derechos, en el mejor de los casos, pero sin Estado. Se les reconoce un conjunto básico de derechos, los derechos humanos consagrados en tratados y convenciones internacionales. Sin embargo, ello no es suficiente. La inexistencia de un Estado que promueva mediante políticas el disfrute de aquéllos los deja sin efecto. La política es entonces instrumental para el disfrute de los derechos. Si la política cede, como la economía, al libre juego de la oferta y la demanda, nos encontramos ante una situación preocupante. Todo vale si se vota en unas urnas y se organiza mediante partidos políticos. Por ello, las decisiones de los responsables públicos no debieran fomentar la identificación del 'nosotros' a partir de la marginación de los inmigrantes.