Un juez prohíbe salir de Honduras al mando militar implicado en el golpe de Estado
El Ministerio Público acusó a los seis militares el pasado 6 de enero por la expulsión de Zelaya a Costa Rica tras su derrocamiento el 28 de junio pasado
TEGUCIGALPA Actualizado: GuardarEl presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y juez especial, Jorge Rivera, ha prohibido salir del país a la Junta de Comandantes de las Fuerzas Armadas, al término de la audiencia por la expatriación del derrocado presidente, Manuel Zelaya, según han anunciado fuentes judiciales.
El fiscal del caso, Marcio Cabañas, y dos abogados defensores, Dagoberto Mejía y Juan Carlos Sánchez, han confirmado que Rivera también ha ordenado que los seis oficiales que integran la Junta de Comandantes se presenten a firmar cada mes el libro de registro en la secretaría de la CSJ. El juez "ha determinado prohibirles salir del país" a los oficiales, ha dicho el fiscal, quien ha apuntado que Rivera también "señaló audiencia para el próximo jueves". Cabañas ha indicado que "el Ministerio Público todavía tiene (tiempo) para estudiar la medida y tiene el término legal para poder interponer un recurso, si lo consideramos necesario".
Los seis militares se abstuvieron de declarar ante el juez pese a tratarse de una "audiencia de declaración de imputado", según ha confirmado Mejía. "No declararon, se abstuvieron ahora por estrategia de defensa, usualmente no se declara en la audiencia de imputado y se deja oportunamente para cualquier otro momento siempre y cuando fuera necesario", ha explicado.
El Ministerio Público acusó a los seis militares el pasado 6 de enero por la expulsión de Zelaya a Costa Rica tras su derrocamiento el 28 de junio pasado. La Constitución prohíbe la expatriación de hondureños. La Junta de Comandantes de las Fuerzas Armadas la integran el jefe y el subjefe del Estado Mayor Conjunto, generales Romeo Vásquez y Venancio Cervantes. Además, los jefes del Ejército, general Miguel Ángel García Padgett; de la Fuerza Aérea, general Luis Javier Prince, y de la Fuerza Naval, contraalmirante Juan Pablo Rodríguez, y el inspector general de las Fuerzas Armadas, general Carlos Cuéllar.