Almunia considera la política de Competencia un arma contra la crisis

Joaquín Almunia defendió ayer la política de la Competencia de la UE, de la que será responsable los próximos cinco años, como instrumento fundamental, junto con el euro y el mercado interior, para dejar atrás la crisis.

El nuevo vicepresidente comunitario intervino ante el Parlamento Europeo, de acuerdo con el procedimiento previsto en el Tratado para la investidura de los miembros de la Comisión. Estos días atrás, Almunia, como los demás miembros del colegio comisarial, ha dado respuesta por escrito a un amplio cuestionario remitido por la Eurocámara a finales del año pasado, cuando fue conocido su nombramiento, y ayer se sometía al preceptivo turno de preguntas y respuestas. La investidura del nuevo vicepresidente, 'hombre fuerte' de la nueva Comisión, no parece estar cuestionada.

La estrategia de salida de la crisis que se adopte y sus plazos serán determinantes en el restablecimiento de las condiciones para un crecimiento económico sano, así como para favorecer una nueva relación de confianza entre los ciudadanos y el proyecto de construcción europea. Es el momento, además, para reforzar la dimensión exterior de las políticas europeas, al estarse procediendo a una redefinición general de las normas y procedimientos de la gobernanza mundial.

Ayudas estatales

Almunia aseguró que evaluará «caso por caso» la posibilidad de prolongar los programas estatales de ayuda a la banca. De igual forma, anunció que si se confirma la salida de la recesión, los países de la UE deberán retirar a finales de 2010 las ayudas públicas que están concediendo a las empresas para facilitarles el acceso a la financiación durante la crisis. No obstante, Almunia eludió fijar una fecha para la eliminación del apoyo público a los bancos.

En este entorno cambiante, Almunia se propone aplicar con ecuanimidad las normas de la Competencia comunitaria, «en el pleno derecho de los procedimientos, así como de los derechos de la defensa».

La posición adoptada por Almunia parece descartar cualquier edulcoramiento de la política comunitaria, bajo la presión de los Estados miembros que desearían ver aliviada la presión de Bruselas sobre sus sectores productivos y financieros. La lucha contra los cárteles y contra las empresas que ejercen posiciones dominantes se erigen en líneas centrales de actuación del nuevo comisario, que considera que el actual marco normativo «proporciona la certidumbre, claridad y previsibilidad necesarias para luchar eficazmente contra los acuerdos y abusos anticompetitivos».