Ayuda

Quizá no disponga de los elementos de juicio suficientes como para valorar cuánto de acertada o de 'mamarrachenta' ha sido la actuación de nuestro sacrosanto Ayuntamiento de Jerez en la crisis motivada por las inundaciones del río Guadalete. Desde la distancia pareciera que el Plan de Emergencias Municipal se activó en tiempo y forma -el 19 de diciembre- que el control sobre el caudal ha sido constante y que los vecinos de las barriadas afectadas han estado informados en todo momento de lo que debían o podían hacer ante la crecida del cauce. Sin embargo, las familias que viven en Las Pachecas, La Ina o La Greduela.

Quienes han vivido este drama en primera persona, los que han revivido las escenas de 1996, no piensan lo mismo y se quejan de la falta de efectivos y de la improvisación del Consistorio jerezano a la hora de afrontar el problema. Por otro lado, es cierto que las inundaciones no habrían sido tan devastadoras si el cauce del Guadalete se hubiese desbrozado cuando hubo que hacerlo, aunque también es verdad que hablamos de una tarea que no corresponde al municipio, sino al resto de las administraciones. Por tanto, aún parece pronto para valorar en toda su dimensión los pasos que se han ido dando. Pero es, sin duda, el momento oportuno para pedir, para exigir a los responsables políticos que estén a la altura de las circunstancias cuando llega el momento de reparar los destrozos.

A partir de mañana se habilita una oficina en la delegación del Medio Rural para tramitar las ayudas para los afectados, y es ahí donde Jerez tiene que llamar a todas las puertas del Gobierno central y de la Junta para que lleguen ayudas, no limosnas, y para que quienes las necesitan las puedan recibir pronto y no cuando estas inundaciones aparezcan en los libros de historia.

Por eso, aunque el Gobierno local no es quien se tiene que rascar el bolsillo, debe velar con todo el celo del que sea capaz por que los vecinos de la zona rural que se han quedado sin muebles, sin animales de granja, sin cultivos, sin negocios o, incluso, sin parte de sus viviendas tengan las mayores facilidades para rehacer sus vidas. Estamos hartos de ver cómo los políticos se calzan las botas de agua, se hacen la foto, se quedan sin saliva de tanta promesa para después. Las indemnizaciones suelen ser mínimas, requieren de tanto papeleo como mandar una nave espacial a Saturno y cuando llegan no solucionan nada, más bien sirven para incendiar el ánimo de los sufridos contribuyentes. Y no me vale que algunas de las casas que ha tapado el agua sean ilegales o estén en cañadas. No me vale por dos razones: una, porque los vecinos de la zona rural, tengan o no legalizadas sus viviendas, pagan impuestos como el que vive en la plaza del Arenal; y porque existe un compromiso explícito de la alcaldesa de Jerez, recogido en el programa electoral que la llevó a ganar las elecciones, para normalizar la situación los que viven en cañadas públicas. Y qué mejor manera de normalizar la relación con ellos que darles una respuesta rápida a este tremendo problema.

La oficina que se abre mañana no puede ser un obstáculo burocrático más, sino la verdadera puerta de salida para los afectados. Y cuando todo esto se solucione, urge una planificación urbanística seria que elimine las construcciones en las zonas inundables. A los que todavía viven demasiado cerca del Guadalete habrá que reubicarlos en otros puntos, pero no podemos darle una patada al problema y dentro de dos, tres, cinco o diez años, cuando al cielo le dé por desplomarse otra vez sobre nosotros, encontrarnos de nuevo con la misma película.